A casi dos años de la sanción de la ley, quienes consumen gas en garrafas o zepelines no pueden acceder a los descuentos del 30 o el 50% que establece la norma. La provincia de Buenos Aires aún no suscribió el acuerdo correspondiente.
Casi dos años pasaron de la esperada y reclamada sanción y reglamentación de la Ley de Zona Fría, esa norma que le otorga a los usuarios de gas del Sudoeste Bonaerense –junto a aquellos de otras regiones del país- el beneficio de un descuento de entre el 30% y 50% en los montos del consumo del fluido, ya sea de red o envasado.
La aparición de la norma, anunciada con bombos y platillos desde el Frente de Todos, era un viejo reclamo de toda la zona, entendiéndose que por más que los promedios de temperaturas anuales puedan no ser bajos, sí lo son los registros térmicos que se dan en los meses que van desde mayo a septiembre por estos lares, lo que obliga a un uso extra del gas para calefaccionar los hogares.
Así, las boletas comenzaron a llegar entre octubre y noviembre de 2021, en plena pandemia, ya con la inscripción que indicaba que el monto final incluía el descuento del 30 o el 50 por ciento, de acuerdo a la categoría que contuviera a cada usuario: la primera de las rebajas incluía a todo el universo de usuarios, mientras que en la segunda se encontraban jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales o veteranos de Malvinas, por citar algunos.
En este marco, las deducciones en los valores de consumo –es decir, no en los montos finales de las boletas sino en los que corresponden al gas utilizado, número que termina siendo el valor más importante entre todos los apartados- comenzaron a llegar irrestrictamente para todos los usuarios que estuvieran conectados a la red de gas.
En cambio, y si bien se aguardaba que se hiciera en forma automática en un principio o por medio de un registro con el correr de los meses, aquellos que no tienen más remedio que utilizar el gas envasado debían esperar a que se instrumentara el sistema. El problema, decían algunos vinculados con la sanción y aplicación de la ley, era la forma en que realmente se podían trasladar los descuentos a los valores de las garrafas, zepelines y demás, para evitar que algún vivillo o especulador de turno jugara –en su beneficio, claro está- con los precios de venta al público.
Algo similar ocurría con la aplicación de la quita del 50% en las garrafas: aunque se entendía que el beneficio era fundamental para estos sectores, tampoco se podía explicar fehacientemente de qué manera iba a alcanzarlos.
En pocas palabras: las rebajas comenzaron a llegar sin problemas para los usuarios de gas de red, pero no así para los de gas envasado, que debieron ver cómo pasaba un largo año –invierno incluido por sus narices sin poder acceder al beneficio y pagando nuevamente las garrafas a un precio cada vez más alto. Y, por si fuera poco, una nueva temporada de temperaturas frías se encuentra a la vuelta de la esquina.
El Registro de Usuarios de Gas Envasado, enmarcado en la Ley de Zona Fría, vio la luz allá por febrero del año pasado, pero lo cierto es que la provincia de Buenos Aires nunca terminó adhiriendo a él. Por ello, miles de usuarios de todo el territorio bonaerense nunca pudieron acceder al beneficio.
En ese sentido, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Juntos), uno de los impulsores de la norma -que luego terminaría siendo aprobada a partir del apoyo de Máximo Kirchner, junto con la bancada del Frente de Todos-, aseguró que más allá del gran avance que resultó ser la sanción de la ley, “todavía existe una zona gris porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no implementa ese descuento en garrafas y tubos de gas”.
La denominada Ley de Zona Fría se sancionó en junio de 2021, con 51 votos favor del oficialismo y 12 en contra.
“La norma es de carácter nacional, pero el componente que hace al descuento es una atribución provincial. Por eso, requiere la adhesión de cada territorio y, si bien la Provincia comenzó los trámites, nunca los finalizó”, dijo.
Por eso, en los últimos días presentó un pedido a la gobernación bonaerense, para que se insista ante el ministerio de Infraestructura y la subsecretaría de Energía por la implementación del registro antes de la llegada de los meses invernales.
En ese sentido, el legislador afirmó que aún no ha obtenido respuestas a sus reclamos y que, más allá de la versión oficial de que se están llevando adelante los trámites, “tengo la impresión de que hay un tema de fondos de financiamiento”.
“A nivel nacional, el gobierno adeuda a la empresa fraccionadoras de gas varios miles de millones de pesos. Por ello, tengo la impresión de que no terminan de ponerse de acuerdo entre la Provincia la Nación y las empresas fraccionadoras para avanzar en la implementación de este mecanismo -sostuvo-. Esto se podría solucionar, pero entiendo que está faltando un poco de sensibilidad social”.
El legislador explicó que “no se puede esconder la realidad económica y social de la Argentina, que tiene más de 100% de inflación”.
“Por ello, hacerse el distraído es simplemente una contribución para que la situación siga empeorando. Si esto lo relacionamos con los precios que van asumiendo las distintas presentaciones de gas en garrafa, con 10, 12, 15 kilos o el tubo de 45 kilos, podemos entender que cada vez más es difícil asumir ese costo en un contexto de inflación”, advirtió.
Los descuentos ya se aplican en los consumos de gas de red. Sin embargo, los usuarios de gas envasado han sido postergados.
A esto, continuó, se sumará el incremento de la demanda del fluido durante el invierno que está por llegar.
Por ello, consideró importante también que los legisladores provinciales de la región se involucren en el reclamo.
“Sería bueno que el conjunto de quienes tenemos responsabilidades públicas, independientemente del partido al que pertenezcan, trabajemos por eso. Solo es necesaria decisión política”, sostuvo Rodríguez.
De qué se trata
La denominada Ley de Zona Fría establece quitas de entre el 30 y el 50% en el pago del importe del gas consumido -en las boletas domiciliarias- y en las garrafas, en distintas regiones del país, entre ellas Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.
En general, contempla un descuento del 30% para el consumidor final, en el valor del metro cúbico de consumo, de acuerdo al cuadro tarifario vigente.
También establece un descuento del 50% para aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; para quienes perciban ingresos mensuales brutos menores a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, ya sean trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de pensiones no contributivas; monotributistas sociales, y jubilados y pensionados.
A estos se suman monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil; a quienes perciban seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
La cuestión del gas envasado despertó dudas desde un comienzo, porque no se sabía cómo aplicar los descuentos. Se entendía que al pagarse la diferencia directamente a las distribuidoras, se buscaba evitar que los valores minoristas se disparasen, más allá del beneficio.
LA NUEVA