Verónica Piangatelli y una defensa de Nebot cargada de contradicciones: cuestionó la investigación, relativizó los testimonios y evitó responder al fondo del expediente

(Por Ciudad Noticias): La concejal oficialista Verónica Piangatelli, del espacio Todos por Saavedra, realizó durante la sesión especial del viernes una extensa defensa de la posición del intendente Matías Nebot, pero su exposición dejó más interrogantes que respuestas. A lo largo de su intervención insistió reiteradamente en que la comisión investigadora se había constituido sin un hecho concreto que justificara el procedimiento, cuestionó la valoración de los testimonios, apeló al respaldo electoral del jefe comunal y puso en duda las motivaciones políticas de la investigación. Sin embargo, sus argumentos no lograron despejar los cuestionamientos institucionales que surgieron del trabajo de la comisión que ella misma integró.

La intervención de Piangatelli estuvo atravesada por una pregunta que repitió una y otra vez: cuál era el hecho que se le imputaba al intendente. Según su interpretación, el Concejo Deliberante había iniciado una investigación sin identificar previamente una conducta concreta y había conformado una comisión para determinar si encontraba alguna irregularidad relacionada con las declaraciones públicas de Nebot sobre su consumo problemático de sustancias.

La legisladora sostuvo que el procedimiento había comenzado de manera equivocada y recordó que su bloque no acompañó la creación de la comisión, aunque posteriormente decidió integrarla por considerar que así correspondía legalmente.

Hasta allí, Piangatelli planteó una objeción procedimental que podía formar parte de una discusión institucional legítima. El problema de su exposición apareció cuando convirtió ese cuestionamiento en el argumento central de toda su defensa, sin ofrecer una respuesta igualmente detallada a las situaciones que fueron examinadas durante la investigación.

El informe elaborado por la comisión no se limita a mencionar la situación personal del intendente. El documento oficial identifica actuaciones, declaraciones y presuntas deficiencias relacionadas con el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Que la concejal considere insuficientes esos elementos constituye una posición atendible dentro del debate político y jurídico. Pero resulta muy diferente sostener que no existe absolutamente nada que deba ser evaluado.

La discusión no consiste en determinar si Nebot merece una condena por haber atravesado un problema de salud, sino en establecer si durante ese período cumplió adecuadamente las obligaciones que asumió como intendente.

Esa diferencia, que otros concejales intentaron establecer durante la sesión, quedó desplazada en el discurso de Piangatelli por una defensa insistente de la forma en que se había iniciado el procedimiento.

Otro de los momentos llamativos de su exposición se produjo cuando respondió a los cuestionamientos presupuestarios formulados por la concejal radical Florencia Bros.

Piangatelli recordó que el presupuesto municipal había sido aprobado por el Concejo Deliberante, utilizando ese antecedente para relativizar las críticas sobre la distribución de recursos.

Sin embargo, aprobar un presupuesto no equivale a renunciar al derecho de cuestionar sus prioridades, controlar su ejecución o exigir explicaciones sobre los resultados de una gestión.

Precisamente, una de las funciones del cuerpo legislativo es analizar cómo se administran los recursos públicos, independientemente de que las partidas presupuestarias hayan contado oportunamente con respaldo político.

La concejal oficialista también recordó que las diferencias sobre políticas públicas pueden resolverse mediante elecciones y que cada fuerza política tiene derecho a desarrollar su programa cuando obtiene el respaldo de los votantes.

El argumento, aunque válido como principio democrático general, dejó sin resolver una cuestión fundamental: el triunfo electoral de un intendente no significa que el Departamento Ejecutivo quede exento de controles durante los cuatro años de mandato.

La ciudadanía elige a sus autoridades para gobernar, pero también elige concejales para legislar, fiscalizar y exigir explicaciones. Ambas responsabilidades forman parte del mismo sistema democrático.

El voto popular legitima el ejercicio del poder, pero no reemplaza la obligación de rendir cuentas.

Piangatelli dedicó buena parte de su intervención a cuestionar la manera en que fueron evaluados los testimonios recogidos por la comisión investigadora.

Según explicó, algunos exfuncionarios que abandonaron la administración en medio de diferencias con el intendente realizaron declaraciones críticas, mientras que otros, también desvinculados de la gestión, no describieron situaciones similares.

A partir de esa comparación, cuestionó que determinados testimonios recibieran mayor consideración que otros.

El planteo abre una discusión legítima sobre la valoración de las pruebas. Sin embargo, la propia concejal reconoció que esa valoración no debe resolverse mediante una simple comparación numérica entre declaraciones favorables y desfavorables.

En consecuencia, el punto decisivo no es cuántos testigos respaldaron al intendente ni cuántos lo cuestionaron, sino qué hechos concretos describieron, qué credibilidad tienen sus relatos y qué elementos permiten corroborarlos.

La circunstancia de que un exfuncionario haya terminado su relación laboral en malos términos no demuestra, por sí sola, que su declaración sea falsa. Del mismo modo, conservar una buena relación con el Ejecutivo tampoco garantiza que un testimonio resulte verdadero.

Ambos extremos deben ser examinados mediante los mismos criterios.

Descalificar indirectamente una declaración por el enojo que pudo haber tenido un exfuncionario resulta tan insuficiente como descartar automáticamente el testimonio de quien continúa trabajando para el intendente.

La legisladora sostuvo que había dejado asentadas sus diferencias dentro de las actas de la comisión. Esa circunstancia demuestra que pudo expresar su desacuerdo durante el procedimiento, algo que forma parte del funcionamiento de un órgano integrado por representantes de distintos espacios políticos.

Sin embargo, ese desacuerdo no invalida automáticamente las conclusiones alcanzadas por la mayoría de sus integrantes.

Otro aspecto de su discurso fue la insistencia en que declarar graves los hechos investigados podía abrir el camino hacia una eventual suspensión o destitución del jefe comunal.

Piangatelli utilizó esa posibilidad para cuestionar a quienes sostenían que el procedimiento no estaba motivado por una intención destituyente.

Pero aquí aparece otra confusión importante. Que una investigación pueda derivar legalmente en una sanción no demuestra que haya sido impulsada con una decisión anticipada de aplicarla.

Precisamente, los procedimientos institucionales existen para determinar responsabilidades mediante etapas sucesivas y con garantías para la persona investigada.

Una eventual consecuencia no constituye, por sí misma, prueba de una intención política previa.

La concejal también hizo referencia a los cuestionamientos y agravios que circularon en redes sociales durante el proceso, recordando que tanto los integrantes de la comisión como los funcionarios municipales y el propio intendente fueron destinatarios de expresiones ofensivas.

En ese tramo cuestionó los carteles colocados de manera anónima en las rejas del Concejo Deliberante y criticó que las cámaras de seguridad no permitieran identificar a sus responsables.

El episodio merecía una condena institucional clara, pero su utilización dentro del discurso terminó desviando nuevamente el debate hacia un terreno ajeno al contenido principal del expediente.

La existencia de agravios en redes sociales o de carteles anónimos no demuestra que una investigación institucional carezca de fundamento. Son problemas diferentes que requieren respuestas diferentes.

Uno de los momentos más significativos llegó cuando Piangatelli recordó su extensa trayectoria vinculada con la actividad periodística y señaló que desde 1996 había seguido sesiones del Concejo Deliberante en ese carácter, antes de asumir su banca.

Esa referencia introduce una dimensión política interesante. Quien durante años observó la actividad institucional desde el periodismo conoce la importancia del control público, la exigencia de explicaciones y el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre sus gobernantes.

Por eso resulta especialmente llamativo que, ahora desde una banca oficialista, buena parte de su intervención haya estado orientada a cuestionar la legitimidad de una investigación que buscó precisamente evaluar la actuación del Departamento Ejecutivo.

No existe incompatibilidad entre haber ejercido el periodismo y participar posteriormente en política. Tampoco corresponde cuestionar a una persona por aceptar una candidatura y acceder a un cargo mediante el voto popular.

La cuestión verdaderamente relevante es si los criterios de transparencia, control y exigencia de explicaciones se mantienen cuando la persona investigada pertenece al propio espacio político.

Ese es el interrogante que dejó abierto su discurso.

Piangatelli aseguró que sostendría la misma postura frente a cualquier intendente, independientemente de su pertenencia partidaria. Se trata de una afirmación que merece ser tomada en cuenta, aunque su coherencia deberá medirse por la conducta política que mantenga ante situaciones equivalentes.

Hacia el final de su intervención volvió a reclamar la identificación precisa del hecho investigado, insistiendo en que la comisión había comenzado su trabajo sin cumplir, a su entender, las condiciones establecidas por la legislación.

No obstante, su exposición dejó prácticamente sin desarrollar una explicación alternativa sobre las presuntas deficiencias de desempeño examinadas, las diferencias entre los testimonios y las responsabilidades institucionales que motivaron la investigación.

Ese fue el principal punto débil de su defensa: concentró buena parte de sus argumentos en cuestionar el origen y el procedimiento, pero dedicó mucho menos espacio a explicar por qué los hechos descriptos en el expediente no debían considerarse institucionalmente graves.

La concejal tenía pleno derecho a disentir con la mayoría, cuestionar las pruebas y defender la posición del oficialismo. Esas atribuciones forman parte del funcionamiento democrático del Concejo Deliberante.

Pero una intervención política también debe evaluarse por su capacidad para responder a los interrogantes que plantea.

Y en este caso, la reiteración de una misma pregunta no alcanzó para ofrecer respuestas sobre el desempeño del intendente durante el período investigado.

Verónica Piangatelli defendió con firmeza su desacuerdo con el procedimiento, pero no consiguió despejar el interrogante central que atravesó toda la sesión: qué ocurrió con el ejercicio de las responsabilidades de gobierno durante el período examinado por la comisión investigadora.

La intervención dejó así una conclusión política incómoda para el oficialismo. Cuestionar cómo se investigó puede formar parte de una estrategia de defensa, pero no sustituye la necesidad de explicar los hechos que motivaron la investigación.

Porque el problema institucional no se resuelve repitiendo que no había nada que investigar. Se resuelve demostrando, con elementos concretos, que las obligaciones del cargo fueron cumplidas y que los cuestionamientos formulados carecen de sustento.

Y esa respuesta, después de una extensa exposición, siguió siendo la principal ausencia del discurso oficialista.