Un fiscal y seis policías fueron imputados por armar causas en San Isidro

La jueza Sandra Arroyo Salgado también ordenó la detención de dos secretarios. Hay dos abogados prófugos.

En los Tribunales de San Isidro funcionaba la fiscalía allanada.

Un fiscal de San Isidro fue imputado y dos de sus secretarios fueron detenidos, luego del allanamiento a una sede judicial y a una oficina de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense. Los funcionarios judiciales aparecen señalados en una causa por narcotráfico y asociación ilícita, en la que también fueron imputados seis efectivos. Hay dos abogados prófugos.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, pidió el desafuero del fiscal Claudio Scapolán para detenerlo.

El actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro es señalado por el presunto armado de causas junto a policías cuando estaba al frente de la exunidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, que fue disuelta en diciembre de 2016.

El operativo incluyó al menos 20 allanamientos que fueron ordenados por Arroyo Salgado y realizados por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA). En la causa también interviene la Fiscalía Federal 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez.

El principal objetivo del procedimiento fue la exUFI de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora Drogas Ilícitas), que funciona en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340.

Los dos secretarios de Scapolán que fueron arrestados son Maximiliano Jurisch y Gustavo Sanvitale.

También fue allanada la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243, en Martínez.

Seis policías de esa dependencia fueron imputados con orden de detención, entre ellos un comisario inspector, dos subcomisarios y tres oficiales.

Además, los federales visitaron la comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez. Secuestraron los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo allí alojado en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.

Otros procedimientos se realizaron en los estudios jurídicos de dos abogados que permanecen prófugos.

Uno de ellos es un penalista de larga trayectoria que actuó como defensor en varios casos resonantes, y el otro es un abogado joven pariente de dos jueces de renombre en el departamento judicial San Isidro.

Las causas bajo sospecha
Al menos en dos causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán se detectaron irregularidades y fueron declaradas nulas. Fueron las que motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía.

La primera es de 2015 y se inició tras la denuncia de un detenido que aseguró que el propio fiscal Scapolán y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, le “plantaron” un kilo de cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su mujer y le “armaron” una causa.

En ese expediente, los abogados involucrados le habrían dicho al detenido que firmara un juicio abreviado, pero ante las irregularidades detectadas, el juez del TOF de San Martín que debía homologarlo, no lo aceptó y la causa fue declarada nula.

Otro caso bajo la lupa es de de diciembre de 2013. Se trata de una operación denominada “Leones Blancos”, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y tras un allanamiento en una quinta de Moreno.

En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados, luego de establecer que la llamada anónima a la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas que dio origen al procedimiento, nunca existió. En cambio sí se detectaron cruces telefónicos sospechosos entre el fiscal y el jefe de operaciones de esa dependencia.

Por último, Scapolán tiene un proceso de jury abierto desde 2016 por otras irregularidades, a partir de una denuncia realizada por la exdiputada Elisa Carrió.