(Por Redacción Ciudad Noticias): El profesor de folclore que denunció a la delegada de Arroyo Corto por falsificación de documento público rompió el silencio en los canales de Ciudad Noticias. A meses de la denuncia original, Santos volvió a la carga exigiendo que el Concejo Deliberante trate la suspensión de la funcionaria, denunciando que desde el municipio la respuesta fue mantenerla en el cargo «hasta que haya condena».
El caso que sacudió a Arroyo Corto a fines del año pasado está lejos de quedar en el olvido. A través del muro de Ciudad Noticias, Horacio Sebastián Santos volvió a manifestarse públicamente para recordarle a la comunidad y a las autoridades que la delegada María Luján Svevo sigue en funciones a pesar de estar bajo investigación judicial.
El reclamo que el Ejecutivo no quiere escuchar
Santos no se anda con vueltas: su pedido de suspensión preventiva ingresó al Honorable Concejo Deliberante con un objetivo claro: que se discuta la idoneidad de una funcionaria procesada por falsificación de documento público. Sin embargo, el obstáculo más grande no parece ser la justicia, sino la decisión política de la actual gestión.
Según trascendió, la respuesta que recibió el denunciante por parte del gobierno de Matías Nebot fue tajante: la delegada no se mueve de su silla hasta que no exista una condena firme. Esta postura de «esperar a la justicia» es vista por Santos como un blindaje político que prioriza la comodidad del gabinete por sobre la ética pública.
¿Transparencia o conveniencia?
La reaparición de Santos en el muro de este medio vuelve a poner en jaque el discurso de transparencia de la gestión actual. Para el denunciante, que la delegada siga representando a la localidad mientras la justicia le sigue los pasos es una falta de respeto a los vecinos.
Con este nuevo movimiento, el profesor de folclore busca que el Concejo Deliberante no mire para otro lado y que los ediles se animen a tratar un tema que el Ejecutivo dio por cerrado hace meses con una excusa legalista. Mientras tanto, en Ciudad Noticias, el debate sigue abierto: ¿Debe una funcionaria bajo sospecha de falsificación seguir administrando una delegación municipal?
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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