(Por Ciudad Noticias): La cuenta regresiva hacia la sesión especial del 26 de noviembre encuentra al intendente Matías Nebot frente a un escenario político decisivo. Con 14 concejales y una mayoría de 10 votos necesaria para su destitución, las negociaciones adquieren una importancia determinante. Según pudo saber la redacción de este diario digital, sectores vinculados al gabinete municipal estarían intentando modificar posiciones opositoras para garantizar su continuidad. En ese contexto, comenzó a circular una versión todavía más delicada: un posible “carpetazo” contra un edil justicialista que habría anticipado que no acompañará la destitución, pese a haber respaldado el 23 de octubre la declaración de gravedad de los hechos investigados.

A ocho días de que el Concejo Deliberante de Saavedra defina si Matías Nebot continúa al frente del Ejecutivo municipal, la tensión política comienza a trasladarse desde el expediente que puso contra las cuerdas al intendente hacia una disputa decisiva por los votos. El próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 9, los concejales deberán pronunciarse sobre la responsabilidad política del jefe comunal, luego de que una Comisión Investigadora reuniera testimonios, documentación y antecedentes que derivaron en una resolución de gravedad aprobada por una amplia mayoría. Sin embargo, cuando parecía que todas las miradas estarían concentradas en el desenlace institucional, comenzaron a circular versiones sobre presuntas gestiones del entorno del mandatario para modificar posiciones opositoras y evitar su salida del poder.
Según pudo saber la redacción de este diario digital, distintos sectores vinculados al gabinete municipal estarían desplegando contactos políticos con el propósito de conseguir que algunos concejales que acompañaron la investigación no respalden ahora la destitución. La información adquiere una dimensión particularmente sensible por una versión que comenzó a circular en ámbitos políticos del distrito y que apunta a un eventual intento de presión sobre un integrante del Partido Justicialista, mediante lo que en la jerga política se conoce como un “carpetazo”.
El dato, que todavía no cuenta con corroboración independiente, abre un interrogante sobre las gestiones que se estarían realizando en los días previos a la sesión. De acuerdo con la información recibida por este medio, el concejal justicialista mencionado habría manifestado en conversaciones reservadas que no votaría por la destitución del intendente. Lo llamativo es que el mismo edil había acompañado el pasado 23 de octubre la resolución mediante la cual el Concejo Deliberante consideró graves los hechos investigados. Ese antecedente no lo obliga jurídicamente a votar por la destitución, pero coloca su eventual cambio de posición dentro de una controversia política que hoy adquiere una importancia especial.
Para comprender el alcance de estos movimientos hay que detenerse en los números. El Concejo Deliberante de Saavedra está integrado por 14 miembros y la legislación bonaerense exige el respaldo de las dos terceras partes de la totalidad del cuerpo para destituir a un intendente. Eso significa que se necesitan al menos 10 votos afirmativos. El pasado 23 de octubre, cuando se resolvió calificar como graves los hechos examinados por la Comisión Investigadora, el resultado fue de 11 votos a favor, dos en contra y una abstención. Si esa correlación se trasladara a la sesión definitiva, Nebot quedaría frente a una mayoría suficiente para disponer su destitución. Pero si dos de aquellos once concejales dejaran de acompañar la sanción máxima, los votos favorables se reducirían a nueve y la destitución no alcanzaría la mayoría requerida.
Ese cálculo permite dimensionar el peso político de los movimientos que se estarían produciendo. No alcanza con modificar una sola voluntad si los otros diez concejales mantienen su posición favorable a la destitución. Por eso, la versión sobre el eventual cambio de voto de un edil justicialista debe analizarse dentro de un escenario más amplio, en el que el oficialismo necesitaría conseguir al menos dos posiciones contrarias a la destitución entre quienes anteriormente acompañaron la declaración de gravedad.
El escenario ya había sido abordado por publicaciones periodísticas locales que señalaron presuntas gestiones para modificar votos opositores, particularmente dentro de La Libertad Avanza. Ahora, la información que llegó a esta redacción introduce una nueva arista: la posible existencia de un mecanismo de presión sobre un concejal del PJ, que, de comprobarse, llevaría la discusión más allá de las negociaciones políticas habituales.
La pregunta central es si realmente existió una amenaza destinada a condicionar la decisión de ese representante y, en ese caso, quién habría intervenido en ella. Hasta el momento no existen elementos suficientes para afirmar que el supuesto “carpetazo” se haya concretado ni para atribuir su autoría al intendente o a funcionarios determinados. Pero si la información llegara a confirmarse, pondría bajo examen las conductas de quienes hubieran intentado utilizar información comprometedora para influir en el resultado de un procedimiento institucional.
La situación resulta todavía más significativa cuando se observa el recorrido del expediente que llevó a Nebot hasta esta instancia. La Comisión Investigadora fue constituida para examinar el desempeño del jefe comunal y reunió más de treinta declaraciones testimoniales, además de documentación y elementos relacionados con el funcionamiento de diferentes áreas municipales. El procedimiento contempló también el derecho de defensa del intendente, quien presentó sus descargos, cuestionó las imputaciones y rechazó las conclusiones alcanzadas.
El pasado 23 de octubre, el Concejo Deliberante ratificó lo actuado por la comisión y consideró acreditadas circunstancias vinculadas con el ejercicio discontinuo de la función ejecutiva durante parte del mandato de Nebot, con consecuencias institucionales descriptas en la resolución. También rechazó los planteos de nulidad, arbitrariedad y motivaciones políticas formulados por la defensa.
No se trató, por lo tanto, de una simple discusión partidaria ni de un pronunciamiento sin antecedentes. La resolución llegó después de un proceso formal que permitió reunir pruebas, escuchar testimonios, recibir los descargos del intendente y analizar los hechos denunciados. Ese trabajo constituye la base institucional sobre la que el Concejo deberá resolver el próximo 26 de noviembre.
La diferencia entre aquella votación y la que se aproxima es determinante. En octubre, los concejales resolvieron sobre la gravedad de los hechos. Ahora deberán definir la responsabilidad política del intendente y establecer si corresponde aplicar una sanción que podría llegar hasta su separación definitiva del cargo. Por eso, una eventual modificación de posiciones puede responder a diferentes interpretaciones sobre la sanción que corresponde aplicar. Lo que resultaría inadmisible, de confirmarse, sería que esa decisión estuviera condicionada por amenazas o presiones ajenas a la valoración de las pruebas.
En ese marco, las versiones sobre el posible “carpetazo” cobran especial trascendencia. La información recibida por este medio señala que el concejal justicialista habría dejado trascender su decisión de no acompañar la destitución. Sin embargo, todavía no está establecido si ese posicionamiento responde exclusivamente a una evaluación política y jurídica del expediente o si existió algún intento de condicionamiento externo.
Tampoco puede pasar inadvertido que la definición se produce en la antesala de un año electoral, cuando comenzarán a tomar forma las aspiraciones de distintos dirigentes de cara a 2027. Las proyecciones políticas individuales conviven hoy con un procedimiento que tiene consecuencias inmediatas para el gobierno municipal. Esa circunstancia vuelve especialmente importante distinguir entre negociaciones legítimas, diferencias sobre el alcance de una sanción y eventuales maniobras de presión.
Mientras tanto, Nebot busca sostener su continuidad en un escenario que se volvió adverso después de la resolución del 23 de octubre. El propio intendente declaró este miércoles 18 de noviembre, en una entrevista con La Tecla, que espera democracia y respeto a la voluntad popular. También ratificó sus declaraciones públicas de julio, que dieron origen a la controversia institucional, y sostuvo que volvería a expresarse de la misma manera.
Pero el procedimiento que enfrenta ya no depende exclusivamente de su interpretación política de los acontecimientos. Existe una investigación concluida, una resolución formal que calificó como graves los hechos examinados y una fecha establecida para el juzgamiento de su responsabilidad. La continuidad del mandatario quedará sujeta a la decisión que adopte el Concejo conforme a las mayorías exigidas por la ley.
En ese escenario, la búsqueda de votos para evitar una destitución puede resultar políticamente comprensible. Lo que merece especial atención periodística son las versiones sobre los métodos que eventualmente podrían estar utilizándose para conseguirlos. Si se tratara únicamente de conversaciones entre dirigentes, la discusión permanecería dentro del terreno de la negociación política. Si, en cambio, llegaran a acreditarse amenazas o la utilización de información comprometedora para condicionar votos, se estaría frente a un episodio de otra naturaleza, que exigiría un esclarecimiento específico.
La sesión del 26 de noviembre será decisiva no solamente por la importancia institucional del cargo en discusión, sino también porque permitirá conocer la posición definitiva de los concejales que participaron del proceso. Los once votos que el 23 de octubre acompañaron la declaración de gravedad constituyen un antecedente político significativo, aunque no permiten dar por asegurado el resultado de la próxima sesión.
Y allí reside una de las claves de las próximas horas. La eventual decisión del edil justicialista de no votar por la destitución no resolvería por sí sola la continuidad de Nebot. Para impedir una destitución sobre la base de los once respaldos anteriores, sería necesario que al menos dos concejales dejaran de acompañarla. Por eso, cualquier movimiento de última hora deberá observarse dentro de esa aritmética y no como una definición individual aislada.
A medida que se acerca la fecha, el desafío periodístico será determinar si las versiones sobre presiones tienen sustento y quiénes podrían estar involucrados. La información sobre un presunto “carpetazo” todavía debe ser corroborada, pero su eventual confirmación introduciría una cuestión de gravedad propia, independiente de la decisión que adopte el Concejo sobre el intendente.
Faltan ocho días. El expediente ya fue investigado, la gravedad de los hechos fue declarada y la sesión definitiva está convocada. Nebot enfrenta una instancia que puede poner fin anticipadamente a su mandato, mientras crecen las versiones sobre gestiones políticas destinadas a conseguir los votos que permitan evitarlo.
La incógnita que queda abierta es si esas gestiones se limitan a la negociación política o si, como sugieren las versiones que llegaron a esta redacción, alguien habría intentado recurrir a un “carpetazo” para influir sobre una decisión institucional.
El 26 de noviembre se conocerá el resultado de la votación. Lo que todavía está por esclarecerse es qué ocurrió, y qué pudo haberse intentado, durante los días previos a esa definición.
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