(Por Ciudad Noticias): La Rendición de Cuentas 2024 de la Municipalidad de Saavedra fue formalmente aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Pero detrás de esa aprobación aparece un dato político y administrativo imposible de disimular: el propio fallo deja expuesta una gestión atravesada por déficit, excesos presupuestarios, uso de fondos afectados, fallas de control interno, contrataciones directas observadas y falta de documentación suficiente para probar saldos bancarios.
La aprobación, entonces, no puede leerse como un certificado de buena administración. El fallo dice que la cuenta fue aprobada, pero también enumera una serie de observaciones que muestran un funcionamiento municipal con problemas estructurales. Incluso el Honorable Concejo Deliberante de Saavedra había desaprobado la Rendición de Cuentas mediante la Resolución N.º 6 del 28 de mayo de 2025.
Uno de los datos más fuertes aparece al inicio del expediente: el movimiento de fondos cerró con un saldo de $373.329.359,39, pero el Tribunal dejó asentado que la Municipalidad no demostró la real existencia de esos fondos en caja y cuentas bancarias. En términos simples: el Municipio declaró un saldo, pero no logró probarlo plenamente con la documentación requerida.
La situación financiera general también fue negativa. El fallo informa un desahorro corriente de $1.882.352.801, un resultado financiero negativo de $3.146.483.475,87 y un resultado ejecutado negativo de $2.663.731.129,62. Además, el balance cerró con patrimonio negativo por $527.892.859,48.
A eso se suma otro dato central: la Municipalidad tuvo una deuda consolidada de $1.331.872.301,37 y una deuda flotante de $2.890.274.273,52. Es decir, la rendición muestra una administración que no solo cerró con resultado negativo, sino también con un peso importante de obligaciones pendientes.
El Fondo de Financiamiento Educativo es otro capítulo sensible. El Tribunal señala que el Municipio percibió durante el ejercicio $559.627.535,55 por ese fondo, pero luego observó que una parte significativa fue usada con una finalidad distinta a la prevista. El fallo menciona expresamente una transferencia de $260.000.000 desde la cuenta del Fondo Educativo hacia una cuenta “sin afectación” para afrontar obligaciones de pago del mes en curso.
La Relatoría también concluyó que el Municipio no destinó al menos el 40% de los ingresos percibidos del Fondo Educativo a obras de infraestructura: el porcentaje devengado en obras fue del 34%. El Tribunal ratificó el reparo y dejó constancia de que una suma significativa de ese dinero fue transferida y utilizada para solventar recursos corrientes.
El cuadro se agrava con el uso de fondos afectados. Según el fallo, durante 2024 se transfirieron $625.000.000 de fondos afectados, quedando al cierre del ejercicio $796.500.000 pendientes de devolución. Es decir, fondos que tenían un destino específico fueron utilizados para otros fines, sin que el Municipio acreditara adecuadamente el carácter excepcional que habilitara esa operatoria.
También hubo fallas administrativas reiteradas. El Tribunal observó que no estaba implementado el Sistema de Administración de Ingresos Públicos y que otros sistemas, como Administración del Personal, Crédito Público e Inversión Pública, estaban habilitados pero sin registraciones durante el ejercicio 2024. La observación no era nueva: el fallo remarca que se venía repitiendo en ejercicios anteriores sin que se demostraran avances.
La transparencia normativa tampoco salió bien parada. El Boletín Oficial Municipal no se publicó con la periodicidad mínima exigida, los decretos no estaban informados de manera correlativa y las ordenanzas sancionadas en 2024 comenzaron a publicarse recién en mayo. El Tribunal confirmó el reparo y responsabilizó al Intendente por esa falencia.
El presupuesto 2024 también fue aprobado fuera de término. La Ordenanza N.º 7345/24, que aprobó el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, fue sancionada recién el 5 de enero de 2024, cuando el ejercicio ya había comenzado. El Tribunal consideró que el presupuesto no fue remitido al Departamento Ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2023 y confirmó la observación.
Otro capítulo importante es el patrimonio municipal. La Relatoría confirmó que no se acreditó debidamente el recuento físico de bienes al cierre del ejercicio. Aunque luego se informaron actuaciones realizadas en marzo de 2025, el Tribunal sostuvo que no estaba probado el cumplimiento efectivo de la obligación al cierre de 2024, con datos mínimos como cantidad recontada, diferencias, bajas o bienes no inventariados.
Finalmente, el área de compras aparece como uno de los puntos más delicados. El Tribunal verificó contrataciones directas realizadas por encima de los límites legales y señaló que los importes de distintas órdenes de compra excedían los montos permitidos para contratar de manera directa. Para 2024, esos límites eran de $2.326.374 hasta mayo y $5.641.188 desde junio hasta diciembre.
La conclusión política es contundente: el Tribunal aprobó la rendición, pero el expediente muestra una gestión con serios problemas de administración, control y transparencia. Hubo déficit, uso de fondos con destino específico para gastos corrientes, saldos no plenamente probados, sistemas incompletos, presupuesto fuera de término, fallas en el Boletín Oficial y contrataciones directas observadas.
La rendición fue aprobada; la gestión quedó expuesta.
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