(Por Ciudad Noticias): La concejal oficialista Verónica Piangatelli defendió al intendente Matías Nebot durante la sesión especial del Concejo Deliberante y cuestionó el trabajo de la comisión investigadora. Sin embargo, las actuaciones del expediente 10.132/2026 contienen capturas de conversaciones atribuidas al jefe comunal, testimonios sobre reiteradas ausencias, reuniones suspendidas, expedientes demorados y respuestas administrativas consideradas incompletas. El discurso de la edil dejó sin una explicación convincente buena parte de esos elementos.
La intervención de la concejal Verónica Piangatelli durante la sesión especial del Concejo Deliberante de Saavedra dejó una sensación difícil de disimular: frente a una investigación que reunió centenares de páginas, declaraciones testimoniales y documentación administrativa, la representante de Todos por Saavedra eligió construir su defensa alrededor de las supuestas intenciones políticas de quienes cuestionaron al intendente Matías Nebot.
En lugar de detenerse en cada uno de los hechos denunciados, Piangatelli insistió en preguntar qué se estaba investigando y puso especial énfasis en desacreditar los testimonios de exfuncionarios que abandonaron la gestión municipal en medio de diferencias con el jefe comunal.
Pero la lectura del expediente 10.132/2026 muestra que las actuaciones no se limitan a las declaraciones de antiguos colaboradores enfrentados con Nebot. La comisión recibió testimonios de funcionarios actuales, exintegrantes del Ejecutivo, representantes sindicales y otras personas convocadas a declarar. También incorporó informes de dependencias municipales, actuaciones administrativas y capturas de conversaciones de WhatsApp cuya autenticidad y contenido merecen un análisis específico.
Ese conjunto de elementos abre interrogantes sobre el funcionamiento del gobierno municipal que no desaparecen porque una concejal considere inconveniente la investigación.
Uno de los aspectos más delicados del expediente es la declaración testimonial del periodista Pablo Daniel Peralta, prestada el 15 de septiembre ante la comisión investigadora. En esa oportunidad, el testigo expuso sobre conversaciones que atribuyó al intendente y a un tercero, y sostuvo que contenían referencias a dinero, presuntas sustancias y encuentros personales.
Peralta también explicó cómo había accedido al material, hizo referencia a su publicación periodística y manifestó su disposición a facilitar los elementos necesarios para una comprobación técnica.
Lo relevante es que la declaración no quedó reducida a una denuncia verbal. A continuación de ese testimonio fueron incorporadas capturas de conversaciones de WhatsApp identificadas con el contacto «Mat Neb». El expediente incluye, además, una constancia donde se deja asentado que esas reproducciones fueron aportadas por el declarante.
En los mensajes aparecen referencias a transferencias de dinero, cantidades, encuentros y la preocupación de los participantes ante la posibilidad de que las conversaciones fueran divulgadas. También se menciona que una cuenta de WhatsApp habría permanecido abierta en otro dispositivo.
Es indispensable establecer un límite: esas capturas no acreditan por sí solas la identidad de quienes escribieron ni permiten afirmar, sin una pericia independiente y otras pruebas, que se cometieron los hechos denunciados. El expediente examinado no permite dar por resueltas esas cuestiones.
Sin embargo, tampoco resulta razonable minimizar la existencia de ese material.
Si las conversaciones son falsas, deben ser examinadas para demostrarlo. Si fueron manipuladas, una verificación técnica puede ayudar a establecerlo. Y si son auténticas, corresponde determinar su significado, sus circunstancias y su eventual relevancia institucional.
Precisamente allí aparece uno de los mayores vacíos del discurso oficialista.
Mientras Piangatelli cuestionaba la investigación por considerar que no existían hechos concretos, el expediente contenía conversaciones atribuidas al jefe comunal que, por su contenido, exigían un examen cuidadoso. La concejal tenía derecho a discutir su valor probatorio, pero su intervención no ofreció una explicación específica sobre ese material.
Una defensa institucional sólida debería responder qué se hizo para determinar la autenticidad de las capturas, si existieron verificaciones y qué argumentos permiten descartar o relativizar su contenido. Desacreditar al testigo no sustituye esa tarea.
Y los chats son apenas una parte del problema.
Entre las declaraciones más significativas se encuentra la de Agustina Barrera, quien formó parte del equipo municipal y describió dificultades reiteradas para concretar reuniones con el intendente. Según consta en las fojas 386 a 388 vuelta, había proyectos que avanzaban dentro de las áreas técnicas, pero quedaban pendientes de una definición o aprobación de Nebot.
Barrera relató que numerosos encuentros de trabajo eran suspendidos a último momento. Incluso explicó que, cuando desde la secretaría privada le anticipaban una reunión con el intendente para un lunes a las 7.30, muchas veces ya esperaba que terminara cancelándose.
La exfuncionaria ubicó esas dificultades en un período especialmente complicado para el municipio, atravesado por conflictos sindicales y problemas económicos. Su cuestionamiento fue concreto: consideró que faltaba presencia y conducción precisamente cuando el equipo necesitaba decisiones para sostener los programas y las políticas públicas.
Hay un dato que merece destacarse. Barrera aclaró que nunca vio al intendente consumir sustancias y que no podía atribuir aquellas conductas a un consumo problemático.
Su declaración, por lo tanto, no se sostiene sobre una acusación vinculada con la salud personal del jefe comunal. Describe problemas en el ejercicio de una responsabilidad pública.
La exsecretaria de Desarrollo Social Fiorella Calmels aportó otro relato que compromete la imagen de normalidad administrativa presentada por el oficialismo. En las fojas 103 a 106 afirmó que durante aproximadamente tres meses de 2025 no se realizaron reuniones de gabinete y que la falta de presencia del intendente dificultaba la continuidad de expedientes que requerían su intervención.
Calmels describió incluso un episodio puntual: aseguró que debió concurrir junto con el secretario privado Eric Simón al domicilio de Nebot alrededor de las 11 de la mañana porque necesitaban despertarlo para conseguir la firma de un expediente urgente.
Se trata de una situación específica, susceptible de ser confrontada con otras declaraciones, registros y actuaciones.
Y efectivamente existe una versión diferente.
Eric Simón, secretario privado del intendente, declaró ante la comisión que las reuniones eran reprogramadas por motivos que consideraba justificados. Reconoció numerosas llegadas tarde, pero las explicó como consecuencia de una agenda extensa y cambiante. También admitió haber concurrido muchas veces al domicilio de Nebot, aunque dijo no recordar que lo hubiera hecho para buscarlo por una inasistencia.
El contraste entre ambas declaraciones es evidente.
Calmels sostuvo que tuvo que acompañar a Simón para despertar al intendente y obtener una firma. Simón no confirmó esa circunstancia.
¿Se investigó específicamente ese episodio? ¿Se confrontaron las versiones? ¿Qué otros elementos permiten determinar cuál de los relatos se ajusta a lo sucedido?
Piangatelli cuestionó la valoración de ciertos testimonios, pero su posición tampoco resuelve esta contradicción. Que Simón continúe trabajando para el intendente no convierte automáticamente su palabra en falsa, del mismo modo que haber abandonado el gobierno no transforma a Calmels en una testigo carente de credibilidad.
Ambas versiones deben evaluarse con criterios consistentes.
La exjefa de Gabinete Micaela Cellucci también describió problemas vinculados con la organización del Ejecutivo. En las fojas 94 a 97 declaró sobre reuniones frustradas, dificultades para sostener una rutina de trabajo y falta de continuidad en decisiones necesarias para el funcionamiento de la gestión.
Su relato presenta coincidencias con los de Calmels y Barrera. Esa convergencia no demuestra automáticamente que todas sus afirmaciones sean verdaderas, pero sí impide tratarlas como denuncias aisladas sin examinar los hechos que describen.
Mariano Mansilla, exsecretario de Gobierno, agregó otra perspectiva sobre los problemas de conducción y las preocupaciones que existían dentro del gabinete. La concejal Piangatelli cuestionó especialmente su testimonio y recordó que podría asumir transitoriamente la conducción del municipio ante determinadas circunstancias institucionales.
Ese señalamiento constituye un argumento político atendible a la hora de evaluar posibles intereses personales. Pero resulta insuficiente como respuesta a lo declarado.
Si Mansilla tiene algún interés en el desenlace del procedimiento, corresponde considerarlo. Lo que no corresponde es utilizar esa circunstancia para dar por inexistentes situaciones que también fueron descriptas por otras personas.
Más aún cuando aparecen testimonios que no provienen de integrantes del gabinete que se alejaron del gobierno.
Luis Matías Cardillo, médico y representante sindical, declaró en las fojas 217 a 219 que el intendente tenía una participación limitada en las reuniones paritarias y que buena parte de las negociaciones se desarrollaban con otros funcionarios.
Cardillo describió además una situación precisa. El 1 de julio de 2025, alrededor de las 4.38 de la madrugada, recibió una comunicación de Nebot para postergar una reunión que estaba prevista para las 7 de la mañana. Durante su declaración consultó el registro de comunicaciones para precisar la fecha y aclaró que no recordaba otro episodio similar.
También manifestó que nunca había visto personalmente al intendente consumir sustancias.
Ese testimonio es importante porque permite separar dos discusiones que el oficialismo parece empeñado en mezclar: una cosa es la situación de salud de Nebot y otra es el cumplimiento de sus responsabilidades al frente del Ejecutivo.
La comisión investigadora no debía establecer si una persona merece comprensión frente a una enfermedad. Eso no está en discusión. Lo que debía examinar era si las conductas denunciadas habían afectado el desempeño del cargo y el funcionamiento de la administración municipal.
En ese terreno también aparecen las respuestas documentales que la comisión recibió de las dependencias del propio Ejecutivo.
El acta del 21 de septiembre señala que la información enviada desde el área municipal de Salud, mediante el expediente electrónico EX-2026-00007285, resultó parcial e incompleta para los fines de la investigación.
Según la evaluación de la comisión, faltaban detalles sobre programas desarrollados durante parte del período examinado, existían vacíos en los registros estadísticos y no se había suministrado la información solicitada sobre las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y atención de consumos problemáticos, con sus respectivas metas y resultados.
La pregunta es inevitable: si el oficialismo estaba convencido de que la investigación carecía de fundamentos, ¿por qué no concentró sus esfuerzos en ofrecer explicaciones documentadas sobre la información que la comisión consideró faltante?
Algo similar ocurrió con la contestación de la Jefatura de Seguridad Municipal, incorporada mediante el expediente EX-2026-00007289.
La comisión reconoció que la investigación penal del narcotráfico no corresponde al gobierno municipal. Sin embargo, cuestionó que la respuesta no desarrollara suficientemente la información solicitada sobre acciones preventivas, planificación y articulación institucional.
Esas observaciones pueden discutirse jurídicamente. Lo que no pueden es desaparecer bajo el argumento de que algunos exfuncionarios están enojados con el intendente.
Los informes administrativos no tienen resentimientos personales. Su contenido, sus omisiones y su alcance deben evaluarse por lo que efectivamente documentan.
Otro aspecto que debilita la simplificación ensayada por Piangatelli es que la comisión no ignoró la existencia de testimonios favorables a Nebot.
En el expediente constan declaraciones de funcionarios actuales y de antiguos colaboradores que ofrecieron una interpretación diferente sobre la presencia del intendente, el funcionamiento de las reuniones y su participación en las decisiones de gobierno.
La comisión incluso distinguió entre quienes habían trabajado durante el período anterior al tratamiento reconocido públicamente por Nebot, quienes se incorporaron posteriormente y quienes permanecieron durante ambas etapas. Esa diferenciación temporal resultaba relevante para evaluar por qué algunas personas describían situaciones distintas.
Puede cuestionarse el peso que la mayoría asignó a cada declaración. De hecho, Piangatelli lo hizo y su disidencia quedó expresamente asentada en el acta. Pero no es correcto reducir el trabajo a una simple selección de testimonios incómodos sin mencionar que se analizaron versiones contrapuestas.
La concejal tampoco puede desconocer un dato fundamental: la comisión formuló una imputación por presuntas transgresiones graves, continuadas e injustificadas a los deberes de la función pública, la ética y el decoro institucional, bajo el procedimiento previsto en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Esa imputación fue notificada al intendente para que pudiera ejercer su derecho de defensa.
Se puede discutir si la formulación reúne los requisitos legales, si cada hecho está suficientemente determinado o si la prueba alcanza para sostener las conclusiones. El propio Nebot presentó un descargo y cuestionó la validez del procedimiento.
Lo que no resiste una lectura completa de las actuaciones es sostener que todo se redujo a investigar una condición de salud sin examinar situaciones concretas de gobierno.
Aquí aparece el núcleo de la contradicción política de Piangatelli.
La concejal defendió la legitimidad electoral del intendente y cuestionó las motivaciones de quienes impulsaron la investigación. Pero ganar una elección no coloca a ningún funcionario fuera del control institucional. El voto popular otorga un mandato para gobernar, no una garantía de que cada decisión posterior será correcta ni una inmunidad frente al escrutinio del Concejo Deliberante.
Tampoco alcanza con invocar el respeto que merece una persona que atraviesa un tratamiento por consumos problemáticos. Ese respeto debe ser absoluto, pero no puede utilizarse para cerrar cualquier discusión sobre cómo se ejerció el poder durante un período determinado.
Nadie debería ser juzgado por padecer una enfermedad. Sí corresponde exigirle explicaciones a quien conduce un municipio cuando existen denuncias específicas sobre dificultades de gestión, documentación incompleta o conductas que podrían comprometer sus obligaciones públicas.
La posición de Piangatelli habría tenido mayor solidez si hubiera enfrentado cada uno de los puntos sensibles del expediente: la autenticidad de los chats, el origen de las referencias económicas que aparecen en ellos, las contradicciones entre Calmels y Simón, las reuniones canceladas denunciadas por Barrera, los problemas relatados por Cellucci y los faltantes documentales señalados por la comisión.
En cambio, el eje de su intervención se desplazó reiteradamente hacia las motivaciones de los denunciantes y la supuesta intencionalidad política del procedimiento.
Esa estrategia puede servir para consolidar el respaldo de quienes ya están convencidos de defender al intendente. Resulta mucho menos eficaz cuando se pretende ofrecer una explicación convincente a la comunidad.
Porque los vecinos del Partido de Saavedra no necesitan que se les diga de qué lado político está cada testigo. Necesitan saber qué sucedió en el gobierno municipal, si hubo decisiones demoradas, si se interrumpió el funcionamiento habitual de áreas importantes, si la documentación requerida fue entregada en forma completa y si las conversaciones incorporadas al expediente son auténticas.
Hasta ahora, esas preguntas conservan una relevancia que el discurso de la concejal no consiguió neutralizar.
La investigación no equivale a una condena. La documentación reunida contiene denuncias, testimonios enfrentados y materiales que todavía requieren comprobaciones. Pero precisamente por eso el deber institucional consiste en examinarlos con seriedad.
La mayor debilidad de la defensa de Piangatelli no fue votar en contra de las conclusiones de la comisión. Fue intentar instalar la idea de una investigación sin hechos concretos mientras el expediente acumulaba elementos que exigían explicaciones puntuales.
Defender políticamente a Matías Nebot es un derecho de la concejal. Desacreditar testigos puede ser parte de su estrategia. Pero ninguna de esas decisiones responde por sí misma al contenido de las capturas, las contradicciones testimoniales o los cuestionamientos administrativos.
Y después de una sesión en la que se discutió la responsabilidad institucional del intendente, queda una pregunta que el oficialismo todavía debería contestar:
Si todo lo investigado carece de sustento, ¿por qué la defensa de Nebot se concentró tanto en cuestionar a quienes aportaron la información y tan poco en explicar, punto por punto, lo que aparece documentado en el expediente?
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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