(Por Ciudad Noticias): Los reclamos que llegan por la situación de la planta de reciclado Pago Limpio, en Pigüé, vuelven a poner bajo la lupa la gestión ambiental del Municipio de Saavedra. Las imágenes del humo y del deteriorado acceso al predio generan preocupación y reabren un debate inevitable sobre los controles, las responsabilidades y la firmeza con la que se actúa frente a distintos episodios.
El nombre parece una ironía frente a las imágenes que llegan. En la planta municipal de reciclado Pago Limpio, ubicada en Pigüé, los reclamos por la presencia de humo vuelven a encender las alarmas. Las fotografías acercadas a este medio muestran una importante nube que se eleva en el sector señalado por los vecinos y, como si eso fuera poco, un camino a las sierras de la vecina ciudad con profundos surcos y sectores visiblemente deteriorados. Dos situaciones que exigen explicaciones y que ponen nuevamente en discusión las condiciones en las que funciona un establecimiento destinado, precisamente, al tratamiento de los residuos y al cuidado del ambiente.
La preocupación no surge de un episodio aislado. Durante 2026 se informaron distintos incendios en el predio de Pago Limpio, entre ellos uno registrado el 25 de enero y otro el 21 de septiembre. La reiteración de estos hechos obliga a preguntarse qué está sucediendo, cuáles son las causas de los focos de fuego, qué materiales resultan afectados y qué medidas concretas se adoptan para evitar nuevas situaciones. Las fotografías, por sí solas, no permiten determinar el origen del humo ni su composición, pero sí refuerzan la necesidad de controles e información pública.
A este escenario se suma el estado del camino hacia las sierras. La imagen recibida muestra importantes erosiones que merecen una intervención. No se trata solamente de una cuestión de mantenimiento: garantizar condiciones adecuadas de circulación también resulta fundamental para el movimiento de vehículos de trabajo y, especialmente, para una eventual intervención de los servicios de emergencia.
Pero existe un antecedente reciente que vuelve todavía más incómoda la discusión. El 13 de agosto, una mujer y un hombre fueron aprehendidos por la Policía cuando, según el parte oficial, iniciaban un fuego para quemar cables y otros materiales en el mismo predio. Se iniciaron actuaciones judiciales por el presunto delito de incendio y el Municipio difundió posteriormente un comunicado en el que advirtió que esas prácticas no serían toleradas y que sus responsables serían denunciados.
La intervención policial tuvo un fundamento concreto y la quema de cables no es una conducta que deba justificarse ni minimizarse. Sin embargo, el episodio también abrió un debate sobre la situación social de las personas involucradas. El concejal Rivas cuestionó públicamente el enfoque del comunicado municipal, al considerar que se había puesto mayor énfasis en la respuesta punitiva que en comprender las condiciones de precariedad que podían llevar a alguien a quemar materiales para obtener un ingreso.
Y es precisamente allí donde aparece la pregunta que hoy cobra renovada fuerza: si el Municipio fue tan contundente para señalar y denunciar a dos vecinos por un episodio de quema, ¿con qué firmeza investiga, controla y comunica lo que ocurre cuando vuelve a registrarse humo en la propia planta municipal?
No se trata de equiparar hechos cuyas causas y responsabilidades pueden ser diferentes, ni de justificar ninguna práctica que ponga en riesgo a la población o al ambiente. Se trata de exigir coherencia, controles efectivos y transparencia. Porque la responsabilidad ambiental no puede depender de quién haya iniciado un fuego ni de la repercusión pública que alcance un determinado episodio.
La situación adquiere todavía mayor relevancia si se considera que, al tratar la rendición de cuentas del ejercicio 2025, el Honorable Concejo Deliberante dejó asentadas observaciones críticas sobre el funcionamiento de Pago Limpio y la gestión municipal de los residuos. Entre los cuestionamientos incorporados a la resolución legislativa se señaló que el Ejecutivo no había garantizado el pleno funcionamiento de la planta ni la implementación de determinados planes de gestión ambiental. Es un antecedente institucional que refuerza la necesidad de respuestas concretas.
Frente a este panorama, corresponde que las autoridades municipales expliquen qué controles se vienen realizando en Pago Limpio, cuál fue el origen de los últimos focos de incendio, si se efectuaron evaluaciones sobre los materiales quemados y sus posibles efectos, qué medidas preventivas se implementaron y qué intervención está prevista para mejorar el acceso. También resulta necesario conocer si existen actuaciones administrativas o investigaciones destinadas a determinar responsabilidades por los episodios registrados.
La comunidad tiene derecho a saber qué sucede en un establecimiento municipal cuya función debería ser contribuir a una gestión responsable de los residuos. Y quienes hacen llegar estas imágenes y reclamos merecen algo más que explicaciones generales: necesitan información precisa, medidas verificables y soluciones.
La pregunta de fondo es simple, pero contundente: ¿se mide todo con la misma vara? Porque si hubo firmeza para denunciar públicamente una quema de cables, esa misma exigencia de responsabilidad debe estar presente a la hora de investigar los incendios, controlar la planta y garantizar que el sistema de reciclado funcione en condiciones adecuadas.
Pago Limpio no puede convertirse en sinónimo de humo, caminos deteriorados y preguntas sin respuesta. La protección del ambiente debe demostrarse con hechos, controles y decisiones concretas.
Porque cuando el humo se disipa, las responsabilidades no deberían desaparecer con él.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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