Más que el Presupuesto bonaerense 2022, esa sería la verdadera discusión en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.
Nadie lo quiere reconocer ante los micrófonos, pero todo parece indicar que mañana, más allá de las discusiones por el presupuesto bonaerense para el año que viene, la ley de ministerios y la impositiva, en la Cámara de Diputados se buscarán sentar las bases para una idea que viene dando vueltas desde hace buen tiempo en las mentes de varios jefes comunales oficialistas y de la oposición: dar de baja la ley que impide las reelecciones indefinidas de los intendentes.
El proyecto, que si bien se presenta como una necesidad casi exclusiva de los denominados “barones del Conurbano”, interesa mucho también en nuestra zona: son varios los mandatarios distritales de la Sexta que en 2023 cumplen sus segundos mandatos y, por ley, no podrían presentarse para ser reelectos.
Las opiniones son variadas: algunos de los jefes comunales más próximos a Bahía Blanca –incluso Héctor Gay es uno de los alcanzados por la medida, más allá de que hace tiempo que anunció su intención de no volver a presentarse– serían alcanzados por la norma y en dos años deberían buscar nuevos rumbos políticos o, por lo menos, no candidatearse primeros en la lista municipal.
Algunos dicen que la ley limita las opciones del votante; otros, que el pueblo debe ser el que decida; y un tercer grupo –vinculado al espacio Juntos- entiende que hay que respetar lo estipulado durante el gobierno de María Eugenia Vidal y promovido desde el massismo.
“Aquí lo que hay que discutir es si una ley puede o no proscribir a un intendente que tiene vocación y ganas de seguir trabajando. ¿Por qué hay que prohibirle que siga en su cargo si la que decide es la gente? ¡Que lo decida el voto popular, como debe ser!”, había señalado el hoy diputado provincial del FdT y en ese momento intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara.
En la misma línea había ido el suarense Ricardo Moccero (FdT), quien había hablado de “atropello a la democracia”.
“Si un jefe comunal es bueno y a la gente le prohíben votarlo, puede darse el caso de que termine ganando un alguien que termine siendo un fracaso. En un municipio, si la gente vota a alguien es porque está haciendo las cosas bien”, añadió.
Desde el espacio Juntos, los jefes comunales de la zona se habían mostrado de acuerdo con acotar las reelecciones.
“Ocho años son suficientes para hacer y demostrar lo que cada uno tiene para dar”, había dicho el jefe comunal de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin.
Con el había coincidido sus pares de Patagones, José Luis Zara –quien había remarcado que “compartía el espíritu de la norma”-, y de Puan, Facundo Castelli, quien se había mostrado de acuerdo con la ley, aunque había considerado que «la discusión sobre la aplicación retroactiva de la ley la tendrá que hacer la Justicia”.
Algo similar había dicho Raúl Reyes, de Coronel Dorrego, quien había remarcado no estar “de acuerdo con las reelecciones indefinidas”.
Más allá de las ideas que haya en el interior profundo, desde el Conurbano se asegura que tanto el Frente de Todos y Juntos por el Cambio buscan un acuerdo que no termine con la ley derogada (como buscan los primeros), pero que tampoco impida que los mandatos sean ilimitados (como entienden los segundos). En pocas palabras, llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Desde la oposición al gobierno de Kicillof prefieren hilar fino y correr por el lado de las interpretaciones: buscan promover la idea de que si no hubo un ejercicio del cargo de más de dos años y un día –como puede ocurrir con aquellos jefes comunales que obtienen un cargo en el Congreso o como funcionarios provinciales o nacionales-, no debería computarse el período de gestión. Entonces, en 2023 podrían volver a presentarse.
“Si mantenemos ese reglamento, estaremos hablando de reelecciones indefinidas cada 6 años”, advirtieron desde la UCR Bonaerense, entendiendo que muchos intendentes peronistas comenzaron a irse de los municipios, dejando en el cargo a dirigentes de su extrema confianza.
El punto de acuerdo podría ser derogar el anexo del decreto 265 de 2019, que en su artículo primero asegura que “quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados” y contabilizar como primer mandato el 2019-2023.
En tanto, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio entienden que ese es el punto intermedio para mantener vigente la ley, pero que es necesario ponerle un límite a las re reelecciones. ¿Cuál sería el límite? El 2027, que sería considerado el final del segundo mandato, pero sin la reglamentación vigente, por lo cual no correría el lapso de los dos años y un día. (con información de Infobae)