NEBOT APUESTA A UN ERROR DEL CONCEJO PARA EVITAR SU DESTITUCIÓN: LA ESTRATEGIA QUE INCLUYE IMPUGNAR LA VOTACIÓN Y TORCER DOS VOLUNTADES

A menos de tres semanas de la sesión especial que definirá su futuro, el intendente de Saavedra-Pigüé mueve sus fichas en tres frentes: la posibilidad de que el HCD calcule equivocadamente la mayoría necesaria, una eventual impugnación judicial y los intentos de modificar la posición de dos concejales de La Libertad Avanza. La diferencia entre contar 13 o 14 integrantes podría resultar decisiva.

Por Ciudad Noticias | Informe especial

El futuro político de Matías Nebot comenzará a definirse el próximo 26 de noviembre, pero la verdadera disputa parece haberse trasladado mucho antes al terreno de los números, las interpretaciones jurídicas y las negociaciones políticas. Después de que el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra calificara como graves los hechos investigados durante su gestión, el intendente enfrenta una votación que podría poner fin anticipadamente a su mandato. Sin embargo, lejos de resignarse a ese escenario, su estrategia para conservar el poder tendría tres componentes centrales: intentar modificar la voluntad de dos concejales opositores, aprovechar una posible equivocación del cuerpo deliberativo en el cálculo de las mayorías y recurrir a la Justicia si finalmente se dispone su destitución.

El punto más delicado, y posiblemente el que termine adquiriendo mayor relevancia institucional, está relacionado con una diferencia aparentemente pequeña, pero de consecuencias enormes: ¿la destitución necesita nueve votos sobre trece concejales o diez sobre los catorce integrantes del Concejo Deliberante?

La respuesta no es un detalle administrativo. Puede determinar si Nebot continúa gobernando o si una eventual resolución que ordene su salida termina cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El artículo 250, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires establece que la destitución de un intendente debe resolverse mediante una decisión debidamente fundada, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo. La redacción resulta determinante: la norma no habla de concejales presentes, de quienes participen de la sesión ni de quienes estén habilitados para emitir su voto, sino del total de integrantes del cuerpo.

En el Partido de Saavedra, ese total es de catorce concejales. Por lo tanto, dos tercios equivalen a 9,33 votos y, como no existen fracciones de voto, la mayoría necesaria asciende a diez.

Diez votos sobre catorce. Esa es la cifra que surge de la aplicación literal del artículo 250 y sobre la que debería resolverse una eventual destitución.

Sin embargo, el escenario se complica por la situación del concejal Mariano Mansilla, exsecretario de Gobierno de Nebot, exintendente interino y actual referente de Distrito Futuro. Mansilla declaró como testigo durante la investigación y posteriormente presentó una solicitud formal de excusación para no intervenir en el juzgamiento político del mandatario municipal.

Su argumento se apoya en la necesidad de preservar la imparcialidad del procedimiento: considera que no corresponde actuar como testigo y, posteriormente, participar como juzgador de los hechos sobre los que declaró. A esa circunstancia se suma su posición en la línea sucesoria municipal, dado que una eventual salida de Nebot podría colocarlo al frente del Departamento Ejecutivo.

Hay, sin embargo, una cuestión fundamental que todavía podría modificar el escenario. Mansilla presentó oportunamente su excusación para no integrar la Comisión Investigadora y también decidió no participar de la votación en la sesión especial del pasado 23 de octubre. Pero esos antecedentes no significan necesariamente que haya perdido su derecho a intervenir en la sesión definitiva del 26 de noviembre.

El concejal continúa formando parte del cuerpo deliberativo y todavía existe tiempo para que presente una nueva nota solicitando dejar sin efecto su excusación y manifestando su voluntad de participar en el juzgamiento.

En ese caso, correspondería determinar formalmente si puede intervenir y emitir su voto, considerando los fundamentos de su apartamiento anterior. La diferencia es sustancial: su condición de testigo y sus excusaciones previas no constituyen, por sí solas, una pérdida automática de su banca ni una prohibición expresa de voto establecida por el artículo 250.

Por eso, Mansilla todavía podría intentar recuperar un papel decisivo en la votación del 26 de noviembre. Si solicita participar y su intervención resulta admitida, su voto podría modificar el escenario político que hoy se proyecta.

Aún quedan días para la sesión y, en una definición donde cada voluntad puede resultar determinante, tampoco debería descartarse esa posibilidad.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se analiza su efecto sobre la votación.

Si Mansilla mantiene su decisión de no intervenir, la sesión podría desarrollarse con trece concejales participando de la resolución. Y allí aparece el posible error sobre el que Nebot estaría concentrando parte de sus expectativas: que el Concejo interprete que los dos tercios deben calcularse sobre esos trece participantes y no sobre el pleno de catorce integrantes.

En ese supuesto, la mayoría se reduciría a nueve votos.

Pero una excusación no equivale automáticamente a la desaparición de una banca. Mansilla continúa siendo integrante del Concejo Deliberante, aunque haya decidido apartarse del procedimiento. La diferencia entre no participar de una votación y dejar de integrar legalmente el cuerpo es fundamental.

Existe, además, otro elemento que fortalece la interpretación de los diez votos. El artículo 255 de la misma Ley Orgánica utiliza expresamente el criterio de los miembros capacitados para votar cuando regula el juzgamiento de un concejal. En cambio, para la destitución de un intendente, el artículo 250 establece una fórmula diferente: las dos terceras partes del total de miembros.

Esa distinción legislativa no parece casual y constituye uno de los argumentos centrales para sostener que la mayoría requerida debe mantenerse sobre las catorce bancas.

La posible equivocación del Concejo consistiría, entonces, en trasladar al procedimiento contra un intendente un criterio de cómputo que la ley no establece expresamente para ese caso.

Y ese eventual error podría convertirse en una herramienta para la defensa de Nebot.

Si el 26 de noviembre el HCD reúne nueve votos favorables a la destitución y considera que son suficientes porque Mansilla no participa, el intendente tendría un argumento concreto para impugnar la resolución: sostener que no se alcanzó la mayoría legal exigida por el artículo 250.

La discusión dejaría de ser exclusivamente política para trasladarse al ámbito judicial.

El artículo 263 bis de la Ley Orgánica contempla la revisión judicial de las decisiones de suspensión o destitución adoptadas por los concejos deliberantes. También establece que la promoción del conflicto dentro del plazo legal suspende la ejecución de la medida hasta que corresponda resolver su validez.

En consecuencia, una destitución aprobada con nueve votos podría abrir un conflicto institucional de considerable magnitud si el Concejo considera suficiente esa mayoría y la defensa del intendente sostiene que eran necesarios diez.

La Suprema Corte bonaerense podría terminar interviniendo para examinar la legalidad de la resolución, incluido el procedimiento utilizado y el cumplimiento de las mayorías exigidas.

Desde esta perspectiva, la apuesta de Nebot tendría una particularidad: no solamente buscaría evitar que el Concejo consiga los votos para destituirlo, sino que también contemplaría la posibilidad de cuestionar judicialmente una decisión desfavorable si el cuerpo incurre en el error de contar sobre trece en lugar de catorce.

Pero la estrategia no terminaría allí.

El segundo frente, estrictamente político, apunta a modificar la correlación de fuerzas que quedó expuesta el pasado 23 de octubre, cuando el Concejo Deliberante aprobó por once votos afirmativos y dos negativos la calificación de graves de los hechos investigados.

Aquella votación mostró una mayoría contundente contra la posición sostenida por el oficialismo. No representó una destitución, pero dejó al intendente frente a un escenario adverso para la instancia definitiva.

La diferencia entre aquella sesión y la del próximo 26 de noviembre es que ahora no alcanzará con pronunciarse sobre la gravedad de los hechos. Los concejales deberán decidir si corresponde aplicar una sanción que puede llegar a la separación definitiva del jefe comunal.

Es precisamente sobre esa diferencia que se concentrarían los intentos de modificar algunas voluntades.

En el escenario político que maneja Ciudad Noticias aparecen dos nombres cuya decisión podría resultar determinante: Raúl Aníbal Zentner y Luis Marcelo Herrador, integrantes del espacio de La Libertad Avanza.

Ambos pertenecen a un sector opositor que acompañó el proceso institucional de investigación contra el intendente. Herrador integró incluso la Comisión Investigadora que reunió antecedentes y testimonios sobre el desempeño de Nebot, mientras que Zentner defendió públicamente la importancia del trabajo realizado.

Por eso, un eventual cambio de posición tendría una repercusión política considerable.

La hipótesis sobre la que estaría trabajando el oficialismo es sencilla desde el punto de vista matemático, aunque mucho más compleja en términos políticos: conseguir que dos concejales que acompañaron la calificación de gravedad no respalden la destitución definitiva.

Si Zentner y Herrador modificaran sus votos y se pronunciaran contra la destitución, la mayoría de once concejales que se expresó el 23 de octubre podría reducirse a nueve.

En ese escenario, con Mansilla apartado del procedimiento, el resultado sería de nueve votos a favor de destituir a Nebot, cuatro en contra y un concejal sin participar de la votación.

Y aquí aparece el dato que explica buena parte de los movimientos políticos que rodean al expediente.

Con nueve votos afirmativos, la destitución no alcanzaría los diez que exige el artículo 250 sobre el total de catorce concejales. Nebot podría conservar la intendencia sin necesidad de recurrir a la Justicia para revertir una resolución de destitución.

Los dos votos que el oficialismo intentaría modificar serían, por lo tanto, suficientes para cambiar el resultado que hoy se proyecta a partir del antecedente del 23 de octubre, siempre que los restantes concejales mantengan sus posiciones.

No se trataría simplemente de lograr un acompañamiento político simbólico. La modificación de esas dos voluntades tendría consecuencias directas sobre la continuidad del intendente.

Ahora bien, esa posibilidad abre otro interrogante: ¿qué argumentos podrían justificar que concejales que acompañaron la declaración de gravedad de los hechos decidan posteriormente rechazar la destitución?

Ambas votaciones tienen objetos distintos y no existe una obligación automática de votar de la misma manera. Un concejal puede considerar que determinados hechos son graves y, al mismo tiempo, entender que no justifican la sanción máxima.

Pero en un expediente de semejante trascendencia institucional, una modificación de posición requeriría una explicación pública clara, especialmente cuando los antecedentes fueron analizados durante meses y el propio Concejo ratificó las conclusiones de la Comisión Investigadora.

El foco político estará puesto en determinar si una eventual modificación responde a una valoración diferente de los hechos, a una interpretación sobre la proporcionalidad de la sanción o a los acuerdos y conversaciones que se desarrollan alrededor de la votación definitiva.

Ciudad Noticias ya había informado sobre movimientos del oficialismo para intentar revertir el escenario adverso, incluyendo contactos políticos y versiones sobre negociaciones destinadas a modificar posiciones dentro del cuerpo deliberativo.

En ese contexto, los nombres de Zentner y Herrador adquieren una relevancia particular por el peso que podrían tener sus decisiones en el resultado final.

La situación también representa una prueba política para La Libertad Avanza en el distrito. Sus representantes participaron de un procedimiento de control institucional que avanzó hasta una instancia decisiva y ahora deberán resolver qué posición adoptan frente a la eventual destitución.

La responsabilidad de explicar esa decisión será individual, más allá de los acuerdos partidarios o de las especulaciones que rodean el proceso.

El tercer componente de la estrategia de Nebot aparece precisamente donde confluyen las cuestiones políticas y jurídicas.

Si el oficialismo consigue modificar dos votos y el Concejo aplica correctamente la mayoría de diez sobre catorce, la destitución no prosperaría.

Si, por el contrario, el HCD reúne diez o más votos afirmativos, la defensa del intendente todavía podría intentar cuestionar otros aspectos del procedimiento, aunque el argumento de una mayoría numéricamente insuficiente perdería fuerza.

Pero si se produce un escenario de nueve votos favorables, cuatro negativos y Mansilla sin participar, y el Concejo interpreta que esos nueve votos alcanzan para destituirlo, la controversia jurídica quedaría instalada.

Ese sería el escenario más delicado para la institución: una mayoría políticamente favorable a la destitución, pero potencialmente insuficiente conforme al cálculo sobre la totalidad de las bancas.

La estrategia que se atribuye a Nebot tendría así dos caminos para llegar al mismo objetivo: evitar su salida mediante los votos o, si el Concejo lo destituye con una mayoría cuestionable, intentar dejar sin efecto esa decisión mediante una impugnación judicial.

Y en el centro de ambas alternativas aparece nuevamente Mansilla.

El exsecretario de Gobierno, que pasó de ocupar posiciones centrales dentro del gabinete a convertirse en referente de un espacio político propio, podría tener una incidencia inesperada en el desenlace.

Su excusación no reduce por sí misma el número legal de integrantes del Concejo, pero sí podría dejar sin participar a un concejal cuya posición sería relevante para alcanzar la mayoría necesaria.

La paradoja política es que la decisión de apartarse, adoptada por quien terminó distanciado de Nebot, podría terminar favoreciendo indirectamente al propio intendente si los votos afirmativos se reducen a nueve.

De todos modos, hay una diferencia que el Concejo no debería perder de vista: la ausencia de Mansilla no modifica automáticamente la mayoría legal requerida para destituir al jefe comunal.

El próximo 26 de noviembre, a las 9 de la mañana, la Sala de Sesiones «Josefa Álvarez de Villa Abrille», en Pigüé, será el escenario de una definición que excede ampliamente la suerte política de un intendente.

Estará en juego la continuidad del gobierno municipal, pero también la solidez jurídica de una resolución que podría ser revisada por la Justicia y la responsabilidad institucional de cada concejal frente a una decisión excepcional.

Nebot llega a esa instancia después de que once integrantes del cuerpo calificaran como graves los hechos investigados. Sin embargo, la posibilidad de una destitución no depende solamente de aquel antecedente, sino de las voluntades que finalmente se expresen en la sesión definitiva.

Por eso, los movimientos para modificar posiciones, la excusación de Mansilla y el criterio que se adopte para contar los votos forman parte de una misma disputa.

La gran apuesta de Nebot sería encontrar una salida en los números y, si esa salida no resulta suficiente, buscarla en una eventual equivocación jurídica del Concejo Deliberante.

El desafío del HCD será evitar que una resolución de semejante trascendencia termine condicionada por un error de procedimiento o por una interpretación de las mayorías que no resista una revisión judicial.

Porque el 26 de noviembre podría ocurrir algo tan decisivo como contradictorio: que nueve concejales voten por la salida del intendente y, aun así, esa cantidad no alcance legalmente para destituirlo.

O que el cuerpo considere suficientes esos nueve votos, proclame una destitución y abra inmediatamente un nuevo capítulo judicial.

En definitiva, Nebot no estaría jugando todas sus cartas a una única votación. Su estrategia apuntaría a torcer dos voluntades, aprovechar un posible error en el cálculo de las mayorías y mantener preparada la vía judicial para cuestionar un resultado desfavorable.

La diferencia entre nueve y diez votos parece mínima. En términos institucionales, puede significar la diferencia entre la destitución y la continuidad de Matías Nebot al frente del Partido de Saavedra.

Y esa será, probablemente, una de las cuestiones centrales de la sesión más importante que deberá afrontar el intendente desde su llegada al poder.

CIUDAD NOTICIAS | +Periodismo.