La Cámara Federal bahiense ratificó la medida contra Pablo Díaz Lacava, denunciado por amenazas, lesiones, violencia de género y otros supuestos delitos en perjuicio de trabajadores del Tribunal Oral Federal pampeano.
La Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad ratificó la medida cautelar que prohíbe al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, acercarse a empleados y funcionarios de aquella dependencia que lo denunciaron por maltrato laboral.
Sin embargo, los camaristas bahienses redujeron de 300 a 50 metros la distancia mínima a la que el magistrado investigado podrá aproximarse a los denunciantes.
Los jueces Pablo Candisano Mera, Silvia Fariña y Pablo Larriera también mantuvieron la prohibición de comunicación entre el imputado y las víctimas, excepto la que se realice «por interposita persona» del secretario designado por la Cámara Federal de Casación Penal, para que el acusado pueda ejercer su labor.
Díaz Lacava, uno de los jueces que en 2021 dirigió el juicio de la megacausa Bobinas Blancas en Bahía Blanca, está sospechado de los delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones en perjuicio de los trabajadores del TOCF con sede en Santa Rosa.
La cautelar había sido ordenada por el juzgado federal santarroseño, a requerimiento de la fiscal federal de la capital pampeana, Iara Silvestre, y fue sostenida en la apelación presentada por la defensa del causante.
Resguardo a las víctimas
En su dictamen, los doctores Candisano Mera, Fariña y Larriera opinaron que “a diferencia de las clásicas medidas cautelares penales que tienen por fin primario resguardar el proceso, las medidas precautorias urgentes, como la aquí analizada, se focalizan en resguardar a la víctima, en evitar que la situación de violencia verificada se repita, escale o se agrave”.
A raíz de las agresiones de Díaz Lacava contra sus subordinados, una de las secretarias del Tribunal Oral Federal pampeano fue hospitalizada por problemas derivados de «estrés laboral».
Sobre la tutela legal en los casos de violencia contra la mujer, la Cámara adhirió a la convención de Belem do Pará, que establece la obligación del Estado a garantizarle a las víctimas de estos hechos la protección eficaz de sus derechos en el proceso penal.
Al respecto, los jueces entendieron prudente el mantenimiento de la medida por “el riesgo de que se produzca una escalada de violencia informada” y porque el “particular clima de apasionamiento que se expuso en la denuncia se revela incompatible con la mesura y el buen orden que debe imperar en un tribunal de justicia”.
«Dominante e intempestivo»
Según se informó en la web del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los afectados calificaron al imputado como «dominante e intempestivo» y afirmaron haber presenciado actos «inadecuados y violentos» por parte de Díaz Lacava.
Los damnificados además se refirieron a «gritos y ataques de ira» del magistrado, así como describieron el «destrato a periodistas», a quienes les habría hecho reclamos por sus publicaciones, y a policías y agentes penitenciarios, cuando surgieron «problemas por el cupo para personas detenidas» en aquella provincia.
Las víctimas nunca enfrentaron al magistrado por ser «nada más y nada menos que un juez de Cámara”, y aseguraron que como consecuencia de los comportamientos de Díaz Lacava, algunos de los agredidos padecieron «afecciones psicológicas».
LA NUEVA