(Por Ciudad Noticias): La Rendición de Cuentas 2024 de la Municipalidad de Saavedra dejó otro punto sensible que exige explicación pública: el uso del Fondo de Financiamiento Educativo.
Según el fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense, el Municipio contaba con un saldo inicial de $5.875.860,68 y durante el ejercicio 2024 percibió $559.627.535,55 por el Fondo Educativo. En total, los recursos disponibles por ese concepto ascendieron a $565.503.396,23.
El problema aparece cuando el Tribunal analiza cómo se usó esa plata. El fallo señala que la ejecución de gastos del Fondo Educativo alcanzó $368.716.957,29, distribuidos entre bienes de consumo, servicios no personales, transferencias, Juegos Bonaerenses, ejecución de obras y deuda flotante.
Pero el punto más grave está en la finalidad del dinero. El Tribunal observó que lo informado por el Contador Municipal no resultaba consistente con lo registrado en la ejecución presupuestaria. Además, remarcó que no existía un informe al 31 de diciembre de 2024 avalado por autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación que respaldara el criterio presentado por el funcionario comunal.
La observación se vuelve todavía más delicada con el Decreto N.º 1722, firmado el 30 de diciembre de 2024. Mediante ese decreto, el Intendente autorizó a la Tesorería Municipal a utilizar, con carácter excepcional, fondos con afectación específica para afrontar obligaciones de pago del mes en curso. En concreto, se transfirieron $260.000.000 desde la cuenta del Fondo de Financiamiento Educativo hacia una cuenta “sin afectación”.
En términos simples: plata que tenía destino educativo fue movida a una cuenta general para cubrir pagos corrientes del Municipio.
El propio Tribunal lo dice con claridad: durante el ejercicio 2024, el fondo fue utilizado con una finalidad distinta a la prevista en el ordenamiento legal vigente. También señaló que el porcentaje aplicado a obras no alcanzó el mínimo del 40% exigido, ni sobre los gastos erogados, ni sobre los fondos disponibles, ni sobre los ingresos percibidos durante el período.
La Relatoría fue más precisa todavía: de la documentación analizada surge que los recursos percibidos por el Fondo Educativo fueron $559.627.535,55, y que el total de gastos devengados en obras de infraestructura representó solo el 34% de esos recursos. Por esa razón, confirmó que el Municipio no destinó al menos el 40% de los ingresos percibidos a obras de infraestructura, como correspondía.
El fallo también deja constancia de que el Intendente Matías Nebot, señalado como responsable del tema junto al Contador Municipal, no presentó descargo ni adhirió a la respuesta del Contador. El Tribunal compartió la postura de la Relatoría y consideró que los funcionarios resultaban pasibles de sanción.
El dato político es fuerte: mientras las escuelas y la infraestructura educativa siempre aparecen como una demanda permanente de la comunidad, el Municipio transfirió $260 millones del Fondo Educativo para cubrir obligaciones corrientes.
La pregunta que debe responder la gestión es directa:
¿Por qué se usó dinero con destino educativo para afrontar gastos corrientes del Municipio?
También debe explicar por qué no se alcanzó el porcentaje mínimo destinado a infraestructura escolar, qué obras quedaron pendientes, qué pagos se cubrieron con esos fondos y cuándo fueron restituidos, si es que efectivamente fueron devueltos.
No se trata de una discusión técnica perdida en una rendición contable. Se trata de fondos públicos con destino específico. Y cuando la plata de educación se usa para otra cosa, la rendición deja de ser un trámite administrativo y se convierte en un problema político.
El Tribunal aprobó formalmente la Rendición de Cuentas, pero en el capítulo del Fondo Educativo dejó una observación difícil de explicar: el Municipio no cumplió con el mínimo de inversión en infraestructura y usó fondos educativos para tapar obligaciones corrientes.
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