Un artículo del texto propone eliminar fondos fiduciarios destinados a los subsidios energéticos. “Sería un gran error darlo de baja”, advierten.
En medio del polémico tratamiento de la denominada ley Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos, más conocida como Ley Ómnibus, los constantes reclamos de las empresas prestatarias y el anuncio de un nuevo sistema para abonar los servicios como la electricidad y el gas domiciliarios, un interrogante comenzó a circular en nuestra región: ¿qué pasará con los descuentos por Zona Fría?
A mediados de 2021, el por entonces gobierno de Alberto Fernández había promulgado la ley 27.637, que otorgaba bajas de entre el 30 y el 50 % en el valor de consumo de gas a usuarios domiciliarios de gas de red y envasado, que estuvieran en regiones donde las bajas temperaturas fueran determinantes para el uso de calefacción por encima de lo normal. El Sudoeste Bonaerense era uno de esos lugares.
A través de la norma, se creó el fondo fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que permitía que los subsidios se implementen sin necesidad de que el Estado pusiera un peso. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la presidencia y la imperiosa necesidad de reducir déficits, su funcionamiento podría verse comprometido.
De hecho, en la Ley Ómnibus existe un artículo, el 318, que faculta “al Poder Ejecutivo a crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisado procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que la integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”.
Este punto podría significar el punto final para el régimen de Zona Fría y provocaría que los vecinos del Sudoeste volviesen a pagar el precio pleno de la boleta de gas, en caso de que la Ley Ómnibus sea aprobada y nadie haya objetado o introducido alguna modificación sobre este punto.
“Ese descuento no es un privilegio para nadie, sino que significa para Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata, Necochea, Coronel Rosales, es decir, para todo el sur frío de la provincia de Buenos Aires, una compensación parcial para esos hogares y personas que por causas naturales, por las temperaturas, estamos obligadas a consumir más gas”, resume el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los ideólogos del régimen de Zona Fría.
De hecho, aseguró que “en Bahía Blanca un hogar promedio consume un 94% más de gas” que otro ubicado en una zona no fría en otra parte del país.
“Sería una injusticia y un tremendo error si eliminan o suspenden el régimen de Zona Fría, porque para financiar ese descuento no se usan recursos de los presupuestos nacional ni provincial -agregó-. No genera un solo peso de déficit, porque el financiamiento de estos descuentos, y así lo planteamos en la ley, proviene de un fondo especial que se forma con el aporte de cada uno de los usuarios que cada mes paga un pequeño monto adicional en su factura”.
El hoy titular del Instituto Consenso Federal aclaró que “no se genera ni un centavo de déficit fiscal” Por ello, ya remitió un escrito al Enargas en el que reclama que no se avance en la eliminación o en la suspensión del régimen.
“Entiendo que sería un grave error y una tremenda injusticia eliminar este descuento. Por eso hay que actuar con anticipación y trabajar para que esto no se apruebe o, si se aprueba, lo haga excluyendo de manera explícita al régimen de Zona Fría”, sostuvo.
En caso contrario, ¿qué pasa si es aprobado este punto? Según Rodríguez, el Gobierno nacional tiene hasta 2025 para analizar y eventualmente tomar decisiones al respecto.
“Si eliminaran esos descuentos, ese fondo fiduciario, estaríamos frente a la convicción de que actúan más por razones ideológicas y por un fanatismo ideológico, que con la racionalidad técnica. Este es un tipo de subsidio distinto a todos los demás”, manifestó.
Al respecto, consideró que -en este caso- “si lo que impera es el fanatismo ideológico, hay que responderle con mucha racionalidad, sin ningún tipo de violencia, ni agresión, sino por todas las vías que correspondan en términos políticos, institucionales o judiciales”.
“De cualquier modo, no deberíamos llegar a ese extremo, sino trabajar con anticipación para que en el Congreso salga algo razonable al respecto y no se ponga en riesgo el régimen de Zona Fría”, dijo.
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Asimismo, señaló que en caso de que la Nación dé de baja el subsidio, “no hay ninguna posibilidad de que la provincia de Buenos Aires pueda hacerse cargo” e implementar una medida similar.
“Lo que deberían hacer las autoridades provinciales es ponerse muy firmes. Hay que hacer mucho hincapié en que los diputados de la provincia de Buenos Aires, en contacto con otros del resto del país, tomen conciencia de la amenaza que significa particularmente el artículo 318”, aseguró.
Con Milei
Rodríguez señaló que previo a la asunción del presidente, él ya le había planteado –vía Whatsapp- la cuestión del régimen de Zona Fría y del funcionamiento del fondo fiduciario que lo sostiene.
“A Milei lo conozco y lo he tratado, aunque no soy su amigo. Dos días antes de que asumiera le envié un mensaje explicándole la situación y le planteé, con todo respeto, que no confundiese este tipo de descuento con otros subsidios que se financian de otra manera”, recordó.
Como respuesta, el mandatario “muy rápidamente, y con toda amabilidad, se comprometió a estudiarlo con los equipos técnicos”.
“Eso sucedió el 8 de diciembre, un día y medio antes de que asumiera. Ahora nos encontramos con el artículo 318 en el proyecto de Ley Ómnibus; por eso hice esa advertencia”, señaló.
Ni coherencia ni racionalidad
Más allá de los puntos que puedan influir en el funcionamiento –o no- del régimen de Zona Fría, Rodríguez señaló que el proyecto de Ley Ómnibus no presenta una racionalidad en su conjunto.
“Hay tres ejemplos: a poco de andar, la Justicia hizo lugar a un reclamo de la CGT y de otras centrales de trabajadores porque le está observando al Gobierno que quizás no esté yendo por el camino institucional que corresponde respecto de la legislación laboral; las provincias pesqueras de la Patagonia y Mar del Plata, le pusieron un freno al intento de desnaturalizar el régimen pesquero vigente en Argentina, y ministros de distintas provincias le hicieron ver al Gobierno que las decisiones respecto a biocombustibles y de retenciones no eran las acertadas”, enumeró.
Estos tres casos, consideró, muestran que al proyecto le falta coherencia y racionalidad.
“En pocos días empezaron a aparecer límites e hicieron que el propio Gobierno tuviese que reconocer -esa es mi impresión- que mandaron una enorme madeja de temas sin coherencia interna, sin racionalidad en su conjunto”, sostuvo.
Además, cargó contra el colaborador del presidente Milei y creador del proyecto de Ley Ómnibus, Federico Sturzenegger, a quien consideró un funcionario “irregular”.
“Hay colaboradores que ni siquiera asumen un cargo público para no hacerse cargo de la responsabilidad: Sturzenegger no tiene un cargo en el Gobierno Nacional. Ahí hay una situación muy regular, porque es alguien que participa de manera directa en el proceso de adopción de decisiones sustantivas de un gobierno y se niega a asumir las responsabilidades”, acusó.
De qué se trata
La denominada Ley de Zona Fría establece quitas de entre el 30 y el 50% en el pago del importe del gas consumido -en las boletas domiciliarias- y en las garrafas, en distintas regiones del país, entre ellas Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.
En general, contempla un descuento del 30% para el consumidor final, en el valor del metro cúbico de consumo, de acuerdo al cuadro tarifario vigente.
También establece un descuento del 50% para aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; para quienes perciban ingresos mensuales brutos menores a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, ya sean trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de pensiones no contributivas; monotributistas sociales, y jubilados y pensionados.
A estos se suman monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil; a quienes perciban seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
La cuestión del gas envasado despertó dudas desde un comienzo, porque no se sabía cómo aplicar los descuentos. Se entendía que al pagar la diferencia directamente a las distribuidoras, se buscaba evitar que los valores minoristas se disparasen, más allá del beneficio.
La ley 27.637, promulgada en julio de 2021, dispone la creación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que tiene el objetivo de financiar tanto las compensaciones tarifarias a usuarios particulares, así como la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o GLC. En este último caso, nunca se concretó la confección de un registro de usuarios de gas envasado.
El fondo se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en boca de pozo, aplicable al volumen comercializado en el país, que no puede superar el 7,5% del precio del gas, lo que genera un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, de aproximadamente el 0,5% por factura, en promedio), sin requerir aportes del Tesoro Nacional.
LA NUEVA