El caso Espinosa y las torturas a los Qom, ponen la lupa del Gobierno sobre el accionar policial

La Policía quedó en la mira del Gobierno nacional tras la seguidilla de casos que escandalizaron a la fuerza de seguridad por exceso de autoridad, tal como ocurrió en las provincias de San Luis, Tucumán y ahora también Chaco.

El primer hecho que llamó poderosamente la atención contra el sector policial fue la confusa muerte de una mujer en la provincia de San Luis, quien había sido demorada por circular durante la cuarentena obligatoria sin la autorización correspondiente, lo que provocó la aparición de nuevas denuncias que advirtieron la violencia institucional durante el aislamiento.

Pero, el fallecimiento de Florencia Morales en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, no fue el único suceso trágico que salpicó la imagen de la Policía ante la vista del Ejecutivo nacional, le siguió el caso Luis Espinosa en Tucumán, por el cual hay ocho detenidos, entre ellos varios uniformados, incluso, el autor del hecho es uno de ellos.

Ante esto, la jefa de la cartera de Seguridad nacional, Sabina Frederic, intimó a los gobiernos provinciales exigiéndoles informes sobre las consecuencias que debieron pagar los policías involucrados por sus excesos contra los civiles muertos.

Para rematar los escándalos en tormo a la excesiva autoridad policial, se viralizó un video en el que un grupo de uniformados ataca ferozmente a los miembros de una comunidad originaria en el distrito que gobierna Jorge Capitanich, llevando a cabo la detención de cuatro jóvenes Qom, que al recuperar la libertad revelaron la pesadilla que vivieron dentro de una comisaría luego de varias horas de tortura.

«Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables -reaccionó Fernández y concluyó- debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia».

«Esta gestión condena la violencia institucional. Cada vez que las Fuerzas Federales han cometido ese delito, hemos apartado a sus responsables e iniciado las investigaciones correspondientes -sentenció Frederic en sintonía con el Presidente- La violencia institucional es una práctica ilegal».

De este modo, a raíz de los malos tratos que tuvo las fuerzas de Gendarmería y la Policía durante el aislamiento preventivo, desde el oficialismo nacional aseguraron que harán un monitoreo sobre los procesos abiertos a los policías denunciados y los gendarmes apartados y se prevé que en los próximos días la sucesora de Bullrich se reúna con el Consejo Federal de Seguridad para evitar nuevos casos de violencia institucional.