Donald Trump prorrogó un año la calificación del régimen de Daniel Ortega como “amenaza” a la seguridad de Estados Unidos

El mandatario estadounidense denunció “la violenta respuesta que el Gobierno dio a las protestas“, “el sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho”, la corrupción y el “uso indiscriminado de la violencia y sus tácticas represivas contra civiles” en Nicaragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió prorrogar un año la calificación que hizo de Nicaragua como “amenaza” a la seguridad nacional de la potencia mundial, argumentando que las “tácticas represivas” del régimen de Daniel Ortega contra la oposición aún persisten.

“La emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe seguir vigente más allá del 27 de noviembre de 2019 (…). La prorrogo un año”, dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Trump ha recordado que en su momento dio este paso para “lidiar con la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos que constituía la situación en Nicaragua”, algo que no ha cambiado.

El mandatario estadounidense denunció no solo “la violenta respuesta que el Gobierno dio a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”, sino “al sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho por parte del régimen de Ortega”, así como a su “uso indiscriminado de la violencia y sus tácticas represivas contra civiles”, además de “la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía de Nicaragua”.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo.

En este tiempo, Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra altos cargos del Gobierno nicaragüense, incluidos Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y su hijo, por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción.

Nicaragua sufre una crisis política desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta demandar la “democratización” de la nación centroamericana, en el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron detenidos, a lo que hay que sumar algunas desapariciones. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendaron juzgar al líder sandinista por crímenes de lesa humanidad.