En la Coalición Cívica creen que la reforma derivaría en un 50% de vacantes, que le permitiría al Poder Ejecutivo “nombrar una justicia adicta”.
El Gobierno nacional aceptó algunas modificaciones a su polémico proyecto para reducir las jubilaciones llamadas “de privilegio” que integran jueces y diplomáticos.
Un aluvión de amparos esperan en las puertas de Tribunales. Mientras tanto, hoy será una jornada clave en el Congreso para aprobar el proyecto. Juntos por el Cambio no dará quorum.
Para la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI), se busca “cooptar el Poder Judicial con una reforma jubilatoria que no soluciona el deficit previsional y empuja a jubilarse en masa a los jueces”.
En este sentido, recordó: “Propusimos un artículo que frenaba esto y modificaba beneficios. No lo aceptaron”. Según el bloque lilito, la reforma derivaría en un 50% de vacantes que le permitiría al Gobierno “nombrar una justicia adicta”.
Otro de los críticos del proyecto oficialista es el sindicalista Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Según el peronista, “si el objetivo es democratizar, ampliar derechos y a la vez dar mayor sustentabilidad al sistema, hay un proyecto distinto, alternativo, que proponemos”. “Para el peronismo de Perón, los derechos son derechos y no son privilegios” sintetizó Piumato.
Con el apoyo de partidos aliados, el Frente de Todos conseguirá los votos necesarios para convertir en ley la iniciativa.
Ayer, durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, se anunciaron tres cambios. Por un lado, el que sostiene la edad jubilatoria de las mujeres en 60 años y no la sube a 65 años.
En segundo lugar, que en el cálculo de la jubilación inicial se tomarán los salarios de los últimos 10 años, como señala el proyecto, pero promediando el vigente de cada categoría al momento del cese y no los que se cobraron cuando se ejercieron. El régimen actual contempla el 82% del último haber.
Y por último, se eliminó el requisito de permanecer 20 años en la justicia para acceder a la jubilación.
Desde la oposición denuncian que el proyecto es una excusa para frenar los juicios que involucran a la familia de la vicepresidenta Fernández y llenar los tribunales de jueces adictos.
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FUENTE: PERIODISMO Y PUNTO