La sentencia dictada en Bahía no tiene antecedentes provinciales. En el penal de Saavedra el acusado recibía el estupefaciente y los reos compradores podían abonarle con billeteras virtuales.
La intervención policial por un supuesto caso de violencia de género registrado a principios del año pasado tuvo derivaciones particulares.
Un teléfono celular secuestrado durante el procedimiento fue el eslabón inicial de una investigación que desencadenó en la primera condena a nivel provincial por un caso de venta de estupefacientes dentro de un penal.
Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del doctor Mauricio Del Cero, aclararon que hay otras causas similares en trámite, pero que la sentencia que recibió Fernando Nicolás Pérez (22) no tiene antecedentes en la Justicia bonaerense.
Precisamente, en un debate abreviado, el juez Christian Alberto Yesari, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, le impuso al hombre -ya condenado por un asalto con armas- la pena de 6 años de cárcel por el delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores, agravada por concretarse en un lugar de detención.
El comienzo de las actuaciones se remonta al 25 de abril de 2022, cuando personal del Comando de Patrulla acudió a un llamado de emergencias y secuestró marihuana y un celular en poder de un familiar del procesado.
El análisis del aparato determinó posibles infracciones a la ley de droga, por lo que se ordenaron allanamientos y secuestros de aparatos pertenecientes a otros allegados a Pérez.
Allí se detectaron conversaciones con un contacto que resultó ser el imputado, por lo que se ordenó una requisa en la celda que ocupaba en el pabellón 5 de la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, donde incautaron dos celulares.
Mensajes reveladores
Para la acusación, el acusado comercializó drogas, especialmente marihuana y cocaína, al menos entre el 18 de junio y el 11 de julio de 2022 en el interior de la cárcel serrana.
El falló menciona que en uno de los aparatos incautados en poder de Pérez “surgen 41 conversaciones a través del sistema de mensajería electrónica WhatsApp, presentando algunas interés a los fines de la imputación”.
Al respecto, el juez Yesari indicó que “no caben dudas de que efectuaba intercambios de estupefacientes por dinero con terceros sujetos, tal y como surge fundamentalmente de la ingente cantidad de conversaciones y demás información obtenida del aparato que se le secuestró”.
En algunas de esas comunicaciones, según se indicó, el investigado y sus contactos realizaron expresiones que denotan la presencia de ambos dentro del penal.
Provisión y cobro
El magistrado sostuvo además que la prueba determinó la presencia de conversaciones en las que el acusado “está hablando de unas sustancias u objetos que adquieren de terceros” para luego proporcionárselos y que finalmente sean “trocados por dinero”.
Allí se advierten términos como “bolsa”, “finito”, “gramos”, “flores”, “astilla”, “piedra”, “gilada”.
También se habla de los precios de la sustancia y la calidad de la misma con calificaciones como “está cheta” o “no pega”.
De la misma forma, se determinó que las transacciones era abonadas con transferencias mediante billeteras virtuales, de las cuales recibía fotos de los comprobantes.
“Es evidente que el intercambio de los estupefacientes se produce en el interior del penal”, señaló el juez al analizar las pruebas.
El rol en la maniobra
El fallo destacó que del análisis de los mensajes hallados en el teléfono surge que Pérez “intermedia entre proveedores y suministradores o vendedores”.
Sostuvo que en algunos de ellos el detenido indica qué decirle a un comprador y monitorea “la operación”.
En otra de las comunicaciones, una persona que estaba fuera del penal le indica que posee dinero para comprar drogas y el procesado es quien “averigua con un tercero a qué precio se la venderían, lo que lo pone en lugar de enlace con proveedores”.
Más adelante Pérez le indicó a un conocido que una persona le había “regalado” estupefacientes y que debía recibirlos.
También le pidió que hiciera lo posible para venderlos y juntar plata que necesitaba para comprarse zapatillas.
El juez consideró que allí se colocó “en posición de intermediación entre quienes proveen y quienes comercializan en forma minorista”.
Finalmente, destacó además comunicaciones en las que una persona se compromete a llevarle droga durante una visita a la unidad penal.
Por todo ello, consideró acreditada la acusación y le impuso a Pérez la pena de prisión efectiva.
Antecedentes con dos sanciones
Consideración. El juez Christian Yesari valoró como agravante las dos condenas previas que había recibido el imputado.
En suspenso. El 29 de mayo de 2020, la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, le impuso una pena de un año y medio de prisión por los delitos de hurto, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, amenazas agravadas y daño, en concurso real de delitos.
Por un robo. Posteriormente, el 22 de marzo de 2021, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 lo sentenció a 7 años de cárcel por robo agravado por el uso de arma de fuego, según un hecho ocurrido el 7 de marzo de 2020. Ese fallo adquirió firmeza el 18 de abril de 2022.
Insistencia. “Dichas sentencias condenatorias demuestran una insistencia en el delito por parte del encartado, demostrativa de un evidente menosprecio hacia los bienes tutelables de terceros correspondiendo que incida en la mensura de la pena”, sostuvo el magistrado en el fallo.
FUENTE: LA NUEVA