(Por Ciudad Noticias): En una maniobra que huele a revancha política y autoritarismo, el secretario de Gobierno, Osmar Herrera, decidió avanzar contra los trabajadores de la C.C.C. El apriete ocurre luego de que en Ciudad Noticias Radio se revelara el dudoso manejo de fondos en otras cooperativas y cómo sus trabajadoras fueron echadas por exigir transparencia. El testimonio destapó una investigación mayor: el presunto pacto de impunidad entre el intendente Matías Nebot y agrupaciones con los «papeles flojos».
Cuando la transparencia incomoda, la respuesta desde el poder suele ser el garrote. Así parece entender la gestión pública el prepotente secretario de Gobierno, Osmar Herrera, quien en las últimas horas ordenó echar a dos cooperativistas de la C.C.C., curiosamente, la única entidad de este tipo que opera dentro del marco legal en el distrito.
El despido no ocurre en un vacío, y la pregunta que resuena en las calles es inevitable: ¿Casualidad o causalidad? Todo indica que se trata de un castigo aleccionador. Días atrás, el programa radial de Ciudad Noticias fue el escenario donde se rompió el silencio. Allí se conoció la experiencia de ex integrantes de las cooperativas «Dignidad» y «Saavedra Crece», quienes fueron testigos del importante flujo de dinero que manejaban sus responsables.
Lejos de mirar para otro lado, las trabajadoras hicieron lo que correspondía: exigieron la realización de asambleas, un derecho básico y obligatorio. ¿La respuesta de los directivos? Fueron despedidas de manera arbitraria. Tras ser echadas por pedir las cosas en regla, la realidad golpeó de forma dispar: mientras Sandra Schneider logró sumarse a las filas de la C.C.C. para poder seguir llevando el pan a su casa, Gisela Araujo quedó literalmente en la calle y hoy se encuentra sin trabajo.
La investigación: El pacto y la caja de los 16 millones
Lo que se vivió desde adentro de esas agrupaciones es apenas la punta del iceberg. Según la investigación periodística exclusiva de esta redacción, la realidad detrás de las cooperativas «Dignidad» y «Saavedra Crece» es mucho más oscura. Estas entidades arrastran deudas millonarias, echan a quienes piden asambleas y, lo más grave, gozarían de un acuerdo directo con el jefe comunal, Matías Nebot, para garantizar su continuidad pese a llevar más de una década operando en la más absoluta irregularidad.
El escándalo de las cooperativas protegidas por el municipio tiene nombres y apellidos. La información que trascendió en las últimas horas indica que las responsables, Erika Ringler y Lía Araujo, estarían manejando una caja de aproximadamente 16 millones de pesos. La operatoria roza lo insólito para los tiempos que corren: retirarían el dinero en efectivo del banco para pagarles ellas mismas, en mano, a los empleados. Una falta de bancarización que enciende todas las alarmas sobre el control real de los fondos públicos.
El contraste: trabajo real vs. favoritismo
Donde hay irregularidad, parece sentirse cómodo Osmar Herrera. Desde hace algo de un mes, el funcionario viene operando con ganas de hacer desaparecer a la C.C.C. De hecho, ya había amenazado previamente con no renovarles el contrato.
El objetivo es de manual: despejar el camino y beneficiar a las cooperativas «Dignidad» y «Saavedra Crece», entidades severamente cuestionadas que, en la práctica, muestran un rendimiento nulo.
El contraste en la calle está a la vista de todos. Mientras la C.C.C. es la que mejor responde a la hora de trabajar y mantener los espacios públicos, entregando ropa de trabajo a sus miembros y adquiriendo herramientas propias a través de un crédito, los empleados de las cooperativas apañadas por el municipio ni siquiera cuentan con indumentaria laboral básica.
Lo que hoy presenciamos no es un reordenamiento administrativo, es un apriete. Dejar en la calle a quienes trabajan en regla para proteger una caja millonaria y a cooperativas flojas de papeles, no es gestión. Es autoritarismo puro.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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