Audiencia en la Corte: cuáles son las críticas que recibieron los intendentes por las tasas

“Debe haber razonabilidad”. Con ese argumento, la compañía Axion (ex Esso) planteó en la audiencia en la Corte Suprema de Justicia su rechazo al sistema de cobro actual de las tasas de Seguridad e Higiene que cobra Quilmes, pero que se replica en varios distritos bonaerenses.

Con el respaldo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Unión Industrial Argentina y de la Provincia, además del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF),  Axion pretendió dejar claro dos aspectos: no se cuestiona la potestad de los municipios de fijar tasas, sí la base de cálculo mediante Ingresos Brutos, por ganancias obtenidas más allá del distrito.

En esa línea, la abogada María Inés Giménez, en representación de Axion, cuestionó durante la audiencia, la relación del valor de la tasa en relación con el servicio prestado y reclamó razonabilidad en ese punto.

En representación de la UIA, la abogada Gabriela Inés Tozzini fue tajante al advertir que “si en la tasa se incorporan ingresos ajenos al municipio, claramente estamos en presencia de una irracionabilidad manifiesta porque nunca refieren a servicios que se hayan prestado”.

Y siguió: “La parte demandada (municipalidad de Quilmes) confunde autonomía municipal con límites a la potestad tributaria municipal. Todos los estados en el federalismo tienen límites tributarios; tanto el estado nacional, como las provincias y los municipios. ¿O acaso las provincias, de las que nadie va a dudar de su autonomía, podrán establecer derechos de importación y exportación?”, preguntó.

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), también presente como amicus curiae, cuestionó “el persistente aumento de las tasas municipales, por encima del crecimiento de la actividad y la inflación”.

La cámara aseguró que “esta situación se agudizó en los últimos años” al señalar “el constante aumento de la recaudación municipal por encima del producto bruto de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra el avance de la recaudación municipal sobre la facturación de las empresas”.

Sin embargo, los intendentes desestiman estas críticas y enfatizan que su práctica está amparado por la ley. Como ejemplo, exponen que su posición ha tenido respaldo en las tres instancias de la Justicia bonaerense, incluida la Suprema Corte. En esa línea, también exponen que no puede haber bases imponibles que no puedan tributar.

Como publicó este medio, el debate gira en torno a lo fijado por el Convenio Multilateral que regula la aplicación de Ingresos Brutos cuando una actividad económica excede a una jurisdicción. Firmada en plena dictadura militar, la norma dedica un apartado para aquellos municipios que sujeten la aplicación de tasas al pago de los Ingresos Brutos, como es Seguridad de Higiene.