Con 66 senadores presentes, a las 14.30, la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández, abrió la sesión remota solicitada por el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti para tratar la iniciativa de reforma del Poder Judicial, que tiene dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Afuera, un grupo de personas protestaba en las inmediaciones del Palacio del Congreso en contra del proyecto.
El texto original sufrió varias modificaciones durante el debate en comisiones, luego de algunas críticas de especialistas, abogados, fiscales y jueces, que se sumaron a los cuestionamientos realizados por los senadores de Juntos por el Cambio. Luego, el oficialismo introdujo nuevos cambios en el recinto, lo que generó la queja del interbloque opositor.
¿Dónde está Bullrich? No lo veo. Como no lo ví la última vez…¡Bullrich! ¡Bullrich!»
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Entre los principales cambios están el de no unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo y en su lugar crear un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia; que la selección de jueces sea registrada a través de “medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad” y que en los concursos se mantengan “los exámenes escritos en anonimato”.
Antes de adentrarse en el debate del proyecto de reforma judicial, la Cámara Alta aprobó el pedido de licencia hasta el 1 de enero del legislador oficialista José Alperovich, acusado de abuso sexual por su sobrina. También avaló la solicitud para ausentarse por 30 días del jefe del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, que se encuentra en España por cuestiones personales.
El oficialismo y la oposición volvieron a coincidir al momento de votar cuando aprobaron por unanimidad la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para la realización de ejercicios militares combinados.
«¿Dónde está Bullrich? A ver…que no lo ví la última vez…¡Bullrich! ¡Bullrich! Ya lo ví», dijo la presidenta del Senado antes de la votación. «¿Cómo está, presidenta?», contestó el senador macrista Esteban Bullrich, quien la semana pasada usó un fondo de pantalla con su foto durante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para simular que participaba de la reunión por videoconferencia. De inmediato, la vicepresidenta sorprendió con su respuesta: «Muy bien, mejor que nunca». «Me alegro, la Argentina no tanto», le retrucó el legislador de Juntos por el Cambio.
Tras varios cruces entre senadores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que anticiparon el tenor de los intercambios posteriores, el oficialismo anuló las designaciones de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa. Ambos habían sido nombrados a través de un decreto por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.
“No busquen el atajo de sacarlo al procurador Eduardo Casal de la cancha porque les molesta, busquen los números”, dijo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. Y agregó: “Es un mamarracho. Es un procedimiento de nulidad absoluta e insanable”.
Como miembro informante del dictamen sobre la reforma judicial, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, defendió la iniciativa que unifica los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un único fuero (Penal Federal) con asiento de la Ciudad de Buenos Aires, aunque subrayó -en línea con lo que Cristina Fernández expresó días atrás- que se requerirán «otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial que otorgue tutela judicial y respeto por las garantías constitucionales y la independencia a los jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación».
La senadora oficialista criticó la postura de Juntos por el Cambio por no introducir «ninguna modificación» y afirmó que la oposición «se siente muy cómoda con esta Justicia y por eso no quiere reformarla». También destacó la letra del inciso E del artículo 72 del proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal que establece que los jueces deberán «comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos». Y recordó que la llamada mesa judicial del gobierno de Cambiemos «fue parte de la reforma judicial de facto que llevó adelante Mauricio Macri en la Argentina» para «perseguir opositores» con la anuencia de «agentes de la AFI, fiscales, jueces y periodistas».
«Este proyecto es simplemente un engranaje más en un plan estratégico para lograr un sesgo de impunidad«, aseveró durante su intervención la senadora de PRO Laura Rodríguez Machado, quien además sostuvo que la iniciativa que «acerca la Justicia a la gente en cosas del día a día» sino que se trata de una reforma para «la Justicia Federal Penal que atiende a los poderosos, a los que cometen delitos de corrupción».
Bullrich aseguró que es necesaria una «verdadera reforma judicial», pero cuestionó la norma que impulsó el Ejecutivo nacional, al sostener que se trata de «una reforma pergeñada en los sótanos de la democracia». «No es el proyecto que promovía (Gustavo) Beliz, ni parece ser el de la ministra de Justicia (Marcela) Losardo, que no lo defendió. Incluso la vicepresidenta dijo que este proyecto no es la reforma judicial que nos merecemos los argentinos», remarcó el legislador macrista.