Mientras miles de fieles soportaban el sol para participar de la misa de León XIV, políticos, empresarios y figuras de la farándula accedían a espacios reservados con catering y ubicaciones preferenciales. La escena vuelve a desnudar una contradicción argentina: los privilegios provocan indignación cuando benefician al adversario, pero encuentran explicaciones cuando los disfrutan los propios. La comparación con el Vacunatorio VIP es inevitable, aunque la gravedad de ambos episodios sea diferente.
Por Ciudad Noticias | Editorial
Hay imágenes que retratan las contradicciones de un país con más contundencia que cualquier discurso político. La que dejó la multitudinaria misa celebrada por el papa León XIV el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires es una de ellas. Mientras miles de argentinos llegaban impulsados por su fe, soportaban largas esperas y permanecían bajo el sol para participar de un acontecimiento extraordinario, un grupo de políticos, empresarios y figuras del espectáculo accedía a sectores exclusivos, con ubicaciones preferenciales, carpas y servicio de catering. La escena no tardó en generar indignación, pero también dejó al descubierto una discusión mucho más profunda que la organización de un acto religioso: la persistencia de una Argentina donde los privilegios siguen existiendo, aunque cambien los gobiernos, los protagonistas y los discursos que pretenden justificarlos.
El problema no es que una modelo, un empresario o un funcionario haya querido asistir a la misa. Todos tienen exactamente el mismo derecho que cualquier ciudadano a participar de una celebración de esas características. Lo cuestionable es que determinados nombres hayan recibido condiciones especiales simplemente por su notoriedad pública, sus relaciones o su posición dentro de la estructura del poder. Mientras las personas comunes debían organizar su llegada, soportar las condiciones climáticas y aceptar las ubicaciones disponibles, otros podían ingresar mediante invitaciones diferenciadas y disfrutar de comodidades que no estaban al alcance del conjunto de los asistentes. Esa diferencia, en una ceremonia cuyo mensaje remite a la humildad, la solidaridad y la igualdad entre las personas, resulta especialmente contradictoria.
La polémica adquirió mayor dimensión cuando se conocieron detalles de la organización. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participó en la distribución de invitaciones a celebridades y otras personalidades, mientras que la contratación nacional contempló el montaje de los espacios y la prestación de servicios gastronómicos. El propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que algunos elementos del catering habían estado de más, aunque intentó relativizar la controversia al señalar que no se trató de un lujo descomunal. Pero la discusión no pasa por determinar cuántas medialunas se sirvieron, cuánto costaba una bandeja de comida o si el menú podía considerarse lujoso. El cuestionamiento central es otro: ¿por qué una celebración multitudinaria debía reproducir las mismas diferencias sociales que tantas veces se condenan desde los discursos políticos?
La respuesta obliga a mirar hacia atrás y recordar uno de los episodios más indignantes de la historia política argentina reciente: el escándalo del Vacunatorio VIP durante la pandemia de COVID-19. En aquellos meses, la sociedad atravesaba una tragedia sanitaria. Miles de familias sufrían la pérdida de seres queridos, los hospitales enfrentaban una presión extraordinaria y las vacunas representaban una esperanza concreta para reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte. Las dosis disponibles eran limitadas y existían criterios de prioridad destinados a proteger primero a quienes enfrentaban mayores riesgos. Sin embargo, se conocieron casos de personas que accedieron a vacunaciones por fuera de esos criterios, favorecidas por vínculos personales y decisiones discrecionales. La indignación social fue enorme y absolutamente justificada, porque en una emergencia sanitaria semejante, utilizar posiciones de poder para obtener ventajas frente a quienes esperaban su turno constituyó una conducta moralmente inadmisible.
Sería un error equiparar las consecuencias de aquel escándalo con las comodidades ofrecidas durante una misa. Una vacuna aplicada irregularmente en medio de una emergencia sanitaria tiene una gravedad que no puede compararse con una ubicación privilegiada o un servicio de catering. Pero reconocer esa diferencia no impide identificar una lógica común: la existencia de circuitos especiales para quienes tienen contactos, influencia o cercanía con el poder. Y es precisamente allí donde aparece la contradicción que debería incomodar a buena parte de la dirigencia argentina. Muchos de quienes cuestionaron con enorme dureza las vacunas VIP, denunciaron los privilegios de la clase política y reclamaron terminar con los beneficios reservados a los acomodados deberían mostrar hoy la misma claridad para rechazar que un acontecimiento público termine convertido en una vidriera de exclusividades.
Porque los principios no pueden modificarse según quién ocupe el Gobierno. Lo que ayer era un privilegio inaceptable no puede transformarse hoy en una cuestión protocolar simplemente porque los beneficiarios pertenecen a otro sector político. La igualdad no debería depender de las simpatías partidarias y la austeridad no tendría que exigirse únicamente cuando gobiernan los adversarios. Sin embargo, la Argentina parece haber desarrollado una capacidad extraordinaria para condenar conductas cuando las protagonizan los otros y encontrar explicaciones cuando los involucrados pertenecen al espacio propio. Esa doble vara, alimentada durante años por la grieta política, termina vaciando de contenido cualquier discurso contra los privilegios.
El debate adquiere todavía mayor relevancia cuando se considera que la organización del evento involucró recursos públicos. La contratación nacional para la producción integral de la misa y otras actividades relacionadas con la visita papal alcanzó los 8.690 millones de pesos, según la documentación y la información difundida. Esa cifra corresponde al conjunto del operativo y no exclusivamente a los sectores VIP, cuyo costo específico todavía requiere precisiones. Por eso resulta indispensable que se conozca cuánto se destinó a los espacios reservados, qué criterios se utilizaron para seleccionar invitados y quiénes asumieron la responsabilidad de autorizar esos gastos. La presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y personal vinculado con la seguridad exige protocolos razonables, pero esa necesidad institucional no explica por sí sola que figuras de la farándula dispongan de atenciones especiales. Una cosa es organizar adecuadamente una ceremonia multitudinaria y otra es transformar las relaciones personales y políticas en una llave de acceso a privilegios.
Hay además una contradicción simbólica imposible de ignorar. El acontecimiento que dio origen a toda esta organización fue la llegada del máximo representante de la Iglesia católica, una institución cuya tradición espiritual coloca la humildad, la ayuda al prójimo y la consideración hacia los más necesitados entre sus valores fundamentales. Y aunque esta reflexión no pretende convertirse en una discusión religiosa, resulta pertinente recordar que la propia Biblia contiene una advertencia particularmente clara contra el trato preferencial basado en la riqueza o la posición social. En el segundo capítulo de la carta de Santiago se cuestiona la actitud de quienes ofrecen lugares destacados a las personas de buena apariencia y relegan a quienes tienen menos recursos. La enseñanza trasciende cualquier denominación religiosa: el valor de una persona no debería depender de su vestimenta, su dinero, su fama ni de las relaciones que pueda exhibir.
También resulta inevitable recordar el pasaje del Evangelio en el que Jesús cuestiona a quienes habían convertido el templo en un espacio dominado por intereses comerciales. No se trata de comparar literalmente aquella escena con las carpas montadas durante la visita papal ni de utilizar la fe para condenar individualmente a los asistentes. Se trata de observar cómo, incluso frente a acontecimientos que invitan a reflexionar sobre valores espirituales, las estructuras del poder terminan reproduciendo las mismas diferencias que existen fuera de ellas. Para comprender esa contradicción no hace falta ser católico, evangélico ni pertenecer a ninguna religión. Alcanza con aceptar un principio elemental: ninguna persona debería valer más que otra por su posición económica o social.
La crítica, por lo tanto, no está dirigida contra el Papa ni contra quienes participaron de la celebración movidos por sus convicciones religiosas. Tampoco pretende cuestionar el derecho de las figuras públicas a expresar su fe. Lo que merece una mirada crítica es la transformación de un acontecimiento abierto a la comunidad en una oportunidad para distinguir entre asistentes comunes e invitados privilegiados. La fama no otorga mejores derechos y tener millones de seguidores en las redes sociales no debería garantizar un trato superior al de una familia que viajó cientos de kilómetros para participar de la misa. Sin embargo, una vez más, la notoriedad pública pareció convertirse en un atributo suficiente para acceder a comodidades especiales.
Lo sucedido también deja una pregunta dirigida a quienes construyeron su identidad política denunciando los privilegios de la denominada casta. ¿Qué diferencia existe entre cuestionar a los acomodados de un gobierno anterior y aceptar que bajo una nueva administración sigan funcionando espacios reservados para personas influyentes? ¿De qué sirve proclamar el fin de los privilegios si estos simplemente cambian de beneficiarios? El rechazo a las ventajas injustificadas pierde legitimidad cuando se aplica de manera selectiva. Una sociedad que verdaderamente desea terminar con esas prácticas debería exigir la misma conducta a todos los gobiernos, sin importar su orientación ideológica.
La Argentina necesita recuperar una idea que parece sencilla, pero que demasiadas veces queda subordinada a la conveniencia política: la coherencia. Quien condenó las vacunas VIP porque representaban un abuso de poder debería ser capaz de cuestionar también cualquier utilización injustificada de recursos públicos para favorecer a personas seleccionadas por sus relaciones o su notoriedad. No porque ambos episodios tengan consecuencias equivalentes, sino porque la igualdad ante las instituciones no puede ser un principio que se aplica únicamente cuando resulta conveniente. La verdadera autoridad moral se demuestra cuando alguien es capaz de cuestionar una conducta incluso si beneficia al dirigente que votó, al partido que defiende o a la figura pública que admira.
En ese sentido, la polémica alrededor de las carpas VIP constituye una oportunidad para discutir algo más profundo que el costo de un catering. Obliga a preguntarnos qué clase de dirigencia estamos dispuestos a tolerar y hasta qué punto hemos naturalizado que siempre existan ciudadanos con una puerta especial de entrada. Durante la pandemia, la escasez de vacunas convirtió esa desigualdad en un escándalo de enorme gravedad. Durante la visita del Papa, la diferencia se expresó a través de espacios reservados y comodidades exclusivas. Las circunstancias fueron distintas, pero la necesidad de exigir transparencia, razonabilidad y respeto por los ciudadanos sigue siendo la misma.
Sería deseable que la visita de León XIV quedara principalmente asociada con la emoción de millones de personas, con sus mensajes y con el encuentro de argentinos que participaron de una jornada significativa para sus creencias. Sin embargo, una parte de la atención pública terminó concentrándose en quiénes recibieron invitaciones especiales, quiénes tuvieron lugares preferenciales y qué servicios se ofrecieron detrás de las vallas. Esa es una consecuencia lamentable de decisiones organizativas que pudieron haberse evitado y que terminaron oscureciendo parcialmente el sentido de una celebración extraordinaria.
La discusión tampoco debería convertirse en otra batalla entre oficialismo y oposición, donde cada sector selecciona los escándalos que le conviene denunciar. Precisamente esa lógica es la que permitió que los privilegios sobrevivieran durante décadas. Los gobiernos cambian, las consignas se renuevan y los discursos prometen terminar con las viejas prácticas, pero siempre aparece una nueva justificación para explicar por qué determinadas personas merecen aquello que no está disponible para el resto. La verdadera transformación no consiste en reemplazar a los invitados de una carpa VIP por otros políticamente más cercanos. Consiste en revisar por qué esas diferencias se consideran aceptables.
Quizás la mayor contradicción de lo ocurrido sea que miles de personas llegaron para participar de una ceremonia vinculada con valores que trascienden la riqueza y el poder, mientras una parte de la organización volvió a establecer jerarquías basadas precisamente en esas condiciones. Allí aparece una enseñanza que vale tanto para creyentes como para quienes no profesan ninguna religión: la humildad no se demuestra con discursos y la igualdad no se construye mediante declaraciones públicas, sino con decisiones concretas.
La Argentina no necesita nuevos discursos contra la casta pronunciados por personas que después disfrutan de sus beneficios. Necesita dirigentes capaces de comprender que el dinero público exige responsabilidad, que la notoriedad no concede derechos adicionales y que los principios deben mantenerse incluso cuando resultan incómodos para los propios.
Las vacunas VIP fueron una vergüenza nacional por su gravedad sanitaria y moral. Las carpas VIP de la visita papal son una nueva muestra de una dirigencia que sigue teniendo dificultades para desprenderse de los privilegios. No son hechos equivalentes, pero ambos deberían obligarnos a reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.
Porque, finalmente, el problema argentino nunca fue solamente quién recibía una vacuna antes de tiempo ni quién podía disfrutar de un catering frente a miles de personas. El problema de fondo es una cultura política que todavía parece convencida de que algunos ciudadanos merecen un trato diferente por el lugar que ocupan.
Y mientras esa manera de entender el poder no cambie, seguiremos escuchando discursos sobre igualdad pronunciados desde espacios reservados.
La casta no desaparece cuando cambia de gobierno. Simplemente cambia de carpa.
CIUDAD NOTICIAS | +P
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