(Por Ciudad Noticias): La concejal del Partido Justicialista, Clarisa Rivas, realizó una contundente intervención durante la sesión especial de este viernes en el Concejo Deliberante del Partido de Saavedra, donde respaldó la calificación de gravedad de los hechos investigados contra el intendente Matías Nebot. Con un discurso que combinó una mirada humana sobre la situación personal del jefe comunal y fuertes cuestionamientos a su desempeño institucional, la edil aseguró que la investigación permitió detectar incumplimientos, contradicciones en testimonios y serias deficiencias en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno.
Rivas comenzó su exposición haciendo una diferenciación entre la situación de salud que atraviesa Nebot y las obligaciones que le corresponden como máxima autoridad del municipio. Recordó que ambos compartieron una banca en el Concejo Deliberante, destacó que habían trabajado bien juntos y expresó su deseo de que el intendente pueda recuperarse plenamente.
Sin embargo, inmediatamente planteó que esa consideración personal no puede impedir que se analice su desempeño como funcionario público. Sostuvo que quien asume la conducción de un municipio contrae obligaciones ante toda la comunidad y que el respaldo obtenido en las urnas implica también el compromiso de cumplirlas.
La concejal insistió en que el procedimiento no debía interpretarse como una persecución personal ni como una condena por una problemática de salud, sino como el ejercicio de una responsabilidad institucional.
“No se trata ni de estigmatizarlo ni de condenarlo a nadie”, expresó, al señalar que las decisiones deben adoptarse con responsabilidad, transparencia y fundamentos objetivos.
Uno de los tramos más fuertes de su intervención estuvo relacionado con las declaraciones recogidas durante el trabajo de la comisión investigadora. Rivas explicó que existieron testimonios de personas que aseguraron no haber observado irregularidades, otros que describieron situaciones concretas y algunos que, según consideró, presentaron respuestas evasivas o contradictorias.
En ese contexto, remarcó que la valoración de las pruebas no depende de la cantidad de declaraciones obtenidas, sino de su calidad, credibilidad y capacidad para demostrar los hechos investigados.
La edil fue especialmente crítica al referirse a las contradicciones detectadas en determinadas declaraciones y sostuvo que esas situaciones deberían ser analizadas por el Ministerio Público Fiscal. A su entender, las posibles falsedades o inconsistencias producidas bajo juramento merecen una evaluación independiente por parte de las autoridades competentes.
“No da lo mismo contradecirse o mentir ante un juramento”, advirtió Rivas, quien consideró que lo ocurrido durante el procedimiento también plantea interrogantes que exceden la responsabilidad política del intendente.
Al profundizar sobre las conclusiones que extrajo de la investigación, la concejal enumeró distintas situaciones que, según afirmó, surgieron de los testimonios incorporados al expediente. Entre ellas mencionó parálisis en el despacho diario, falta de atención, ausencias prolongadas, interrupciones en el funcionamiento de determinadas áreas y extensos períodos sin reuniones de gabinete.
También hizo referencia a episodios vinculados con la presencia del intendente en sectores del hospital municipal, aunque aclaró que prefería reservar determinados detalles que constan en el expediente para preservar aspectos personales del jefe comunal.
Para Rivas, las situaciones relatadas no pueden considerarse ajenas al funcionamiento del Estado, ya que afectan directamente la organización del trabajo municipal y la capacidad del Ejecutivo para responder a las necesidades de la comunidad.
En ese sentido, vinculó esos problemas con la constante renovación del gabinete, una cuestión que también había sido abordada durante la sesión por la concejal radical Florencia Bros.
La representante justicialista reconoció que el proceso investigativo fue complejo y que, en determinados momentos, llegó a preguntarse si correspondía avanzar con una medida de semejante trascendencia institucional. Sin embargo, explicó que esas dudas fueron despejándose a partir del análisis de las normas legales y constitucionales que regulan las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Rivas hizo especial hincapié en la Ley de Ética Pública y en los principios de honestidad, integridad, rectitud y prioridad del interés general que deben regir el desempeño de quienes ocupan cargos en el Estado.
También rechazó las interpretaciones que atribuyeron intenciones destituyentes a los concejales que participaron de la investigación. Aseguró que procuró mantener una actitud prudente durante todo el procedimiento y sostuvo que el control institucional no puede quedar condicionado por las consecuencias políticas que pueda generar.
La edil recordó que, después de que Nebot reconociera públicamente su situación, distintos vecinos comenzaron a preguntarles a los concejales qué medidas adoptarían frente a lo ocurrido. Según explicó, esa inquietud llevó a evaluar las herramientas legales disponibles y finalmente a avanzar con la investigación.
En ese punto, destacó que su responsabilidad no dependía de la presencia o ausencia de quienes respaldaban o cuestionaban al intendente, sino del mandato que recibió como representante de la comunidad.
“Yo, Clarisa Rivas, tengo un cargo, soy concejal y en función de ese cargo es que avanzamos con esta investigación”, afirmó durante su exposición.
Sobre el cierre, la representante del justicialismo ratificó su postura favorable a considerar graves los hechos examinados y defendió la necesidad de que el Concejo Deliberante cumpliera con sus atribuciones de control.
Al mismo tiempo, volvió a expresar su deseo de que Nebot pueda superar definitivamente sus problemas de salud, dejando en claro que su posición institucional no implicaba desconocer la dimensión humana de la situación.
La intervención de Clarisa Rivas dejó así una definición política concreta: el respeto por la recuperación personal del intendente no elimina la obligación de evaluar cómo ejerció sus funciones ni las eventuales consecuencias institucionales de su conducta. Con ese argumento, la concejal justicialista justificó su acompañamiento a la calificación de gravedad de los hechos y puso el acento en las deficiencias de gestión que, según sostuvo, quedaron expuestas durante la investigación.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora