El audio completo desarma el relato más grave y deja preguntas sobre Goy y la oposición en Puan

(Por Ciudad Noticias): La polémica que atravesó a Puan durante los últimos días fue presentada como una discusión sobre libertad de expresión, condicionamientos institucionales e incluso una eventual extorsión. Sin embargo, cuando se escucha el audio completo de Camila Ibarra Martínez, asesora legal de la Municipalidad de Puan y presidenta de Puan Foot-Ball Club, la historia pierde buena parte del dramatismo con el que fue instalada públicamente y deja expuesta otra cuestión mucho más incómoda: un mensaje privado fue recortado, se viralizó la porción más perjudicial y luego ese fragmento terminó convertido en combustible de una ofensiva política dentro del Honorable Concejo Deliberante.

El audio completo no contiene una amenaza directa del intendente Diego Alejandro Reyes, tampoco una orden para expulsar a Mario René Goy de una actividad ni un condicionamiento explícito del tipo “si contratan a Goy, no reciben dinero”. Lo que contiene es a la presidenta de una institución deportiva explicando que Puan Foot-Ball Club atraviesa dificultades económicas, que necesita gestionar colaboración y que no quiere que el enfrentamiento existente entre Reyes y Goy perjudique al club. Ibarra reconoce incluso la capacidad profesional del locutor y deja claro que no pretende defender políticamente ni a uno ni al otro: su prioridad, según sus propias palabras, es la institución que preside.

No hay nada extraordinario en que una presidenta de club evalúe qué decisiones considera más convenientes para una entidad con recursos limitados. Mucho menos debería resultar escandaloso que una institución decida quién trabaja en sus actividades. Puan Foot-Ball Club tiene derecho a elegir su locutor, Tiro Federal tiene derecho a elegir el suyo y cualquier comisión organizadora puede contratar a quien considere conveniente. Del mismo modo, la Municipalidad de Puan tiene derecho a renovar sus colaboradores, distribuir oportunidades y dejar atrás la idea de que determinados lugares pertenecen permanentemente a una sola persona.

Ese punto quedó prácticamente ausente de la discusión. Mario Goy posee una larga trayectoria en los medios del distrito y durante muchos años tuvo una presencia destacada como locutor en actividades institucionales. Esa trayectoria no está en discusión. Lo que tampoco debería discutirse es que veinte años de protagonismo no generan un derecho adquirido sobre el micrófono de Puan. Los gobiernos cambian y con ellos pueden cambiar funcionarios, proveedores, comunicadores y profesionales contratados. Darle lugar a otras voces no constituye censura; también puede ser una forma elemental de pluralidad.

Resulta especialmente contradictorio que desde la propia oposición se haya caracterizado a Goy como un periodista “opositor al intendente”. El concejal Franco Mombelli, de Juntos por el Cambio, utilizó precisamente esa definición durante su intervención. Si existe una posición crítica u opositora de Goy frente al actual Ejecutivo, tiene absoluto derecho a sostenerla. Pero entonces debe asumirse que estamos ante una disputa política y comunicacional concreta, no ante la expulsión de un periodista neutral de un espacio que le pertenecería por naturaleza.

La libertad de expresión significa que Goy puede criticar a Reyes, cuestionar su gestión y utilizar sus medios para hacerlo. No significa que el Municipio esté obligado eternamente a contratarlo como conductor protocolar ni que cada institución deba incorporarlo a sus celebraciones. Confundir ambas cosas transforma una decisión legítima de contratación en una acusación de censura que, hasta ahora, no encuentra respaldo en el audio completo que detonó el conflicto.

El punto realmente grave aparece en otro lugar. El mensaje original de Camila Ibarra Martínez era considerablemente más extenso que la versión que finalmente circuló. La porción viralizada aisló precisamente las expresiones con mayor capacidad de daño político y dejó fuera buena parte de las explicaciones que permiten comprender el razonamiento completo de la dirigente. Esto no convierte en falsas las palabras efectivamente pronunciadas, pero modifica sustancialmente la forma en que pueden ser interpretadas por quien jamás escuchó el resto.

Cuando de una conversación de más de dos minutos se seleccionan apenas los segundos capaces de instalar una acusación contra un gobierno y luego ese material desemboca en una escalada política inmediata, resulta difícil tratar el recorte como un detalle menor. La secuencia tiene todas las características de una operación político-comunicacional basada en una edición selectiva del contexto, aunque la autoría técnica exacta del corte deba distinguirse de la responsabilidad política o comunicacional de quienes participaron de su circulación.

En esa cadena aparece Mario René Goy. El secretario de Gobierno Muriel Harispe lo señaló públicamente dentro del recorrido del audio y sostuvo que el mensaje completo terminó siendo manipulado y viralizado. Esa acusación fue formulada públicamente por el funcionario y forma parte inevitable del caso. Goy, además, aparece mencionado como destinatario posterior del material dentro de la reconstrucción conocida sobre cómo el archivo salió del ámbito interno de Puan Foot-Ball Club.

También aparece María José Rolahiser, integrante de Puan Foot-Ball Club y persona cercana a Goy según la reconstrucción aportada alrededor del episodio. El audio habría sido enviado inicialmente dentro de una conversación vinculada a la decisión institucional de no contratar al locutor. Posteriormente terminó fuera de ese ámbito privado y convertido en material político. Lo más grave de esa secuencia no es solamente el recorte: es que una conversación entre personas vinculadas a una institución deportiva terminó expuesta ante todo el distrito y utilizada para alimentar una disputa que excede por completo las necesidades del club.

Si, además, existía una relación personal de muchos años entre Rolahiser y Goy, como se ha señalado durante esta controversia, la dimensión humana del episodio merece ser considerada. Una diferencia por una contratación no debería terminar destruyendo vínculos personales ni colocando públicamente a una mujer en el centro de una guerra política. La institución tampoco debería pagar las consecuencias de una disputa entre un periodista, un gobierno y sectores opositores.

La sesión del Honorable Concejo Deliberante agravó todavía más el problema. En lugar de concentrarse seriamente en el hecho de que el audio había sido recortado y en reconstruir cómo se produjo esa circulación, varios concejales tomaron el fragmento como plataforma para ampliar las acusaciones. Franco Mombelli llegó a hablar de “extorsión” y planteó incluso la posibilidad de una denuncia si entendían que estaban frente a un delito. Pero el audio completo conocido hasta ahora no contiene la amenaza directa necesaria para presentar semejante interpretación como un hecho probado.

Utilizar desde una banca una palabra como “extorsión” no es menor. Tiene una carga jurídica y pública enorme. Por eso resulta llamativo que se haya elevado tanto el tono contra el Ejecutivo sin dedicar una energía equivalente a la manipulación contextual del material que originó la polémica. Si el audio era suficientemente importante como para hablar de posibles delitos, su recorte también debería haber ocupado el centro de la discusión.

El concejal Lucas Delgado, de Juntos Compromiso Distrital, llevó además la disputa a una escala todavía mayor al mencionar públicamente numerosas instituciones, celebraciones y dirigentes del distrito. Habló de San Germán, Argentino Junior de Darregueira, actividades de Bordenave, Felipe Solá y López Lecube, además de Puan Foot-Ball Club, Tiro Federal y la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, entre otros casos. El resultado fue paradójico: mientras denunciaba que el Ejecutivo introducía la política dentro de las instituciones, terminó llevando a esas mismas instituciones al centro de una disputa partidaria desde una banca del Concejo.

Ese comportamiento merece una crítica mucho más severa de la que recibió. Los clubes y las comisiones no son patrimonio del oficialismo, pero tampoco pueden convertirse en munición de la oposición. Una institución debe poder pedir ayuda al Municipio, recibir una colaboración de un concejal o conversar con dirigentes de distintos espacios sin que luego su nombre termine utilizado públicamente para respaldar una ofensiva política.

Franco Rodrigo Vissani, de Fuerza Patria, cuestionó por su parte la conferencia brindada por el Departamento Ejecutivo y discutió la forma en que fueron presentados los aportes a las instituciones. Tiene todo el derecho a revisar cifras y cuestionar criterios contables, pero el Ejecutivo hizo algo que no puede ignorarse: mostró públicamente, en una pantalla y ante instituciones y medios, información sobre las ayudas destinadas a distintos clubes. Esa exposición puede ser auditada y discutida, pero difícilmente pueda presentarse como una conducta propia de una administración que pretende ocultar completamente sus relaciones económicas con las entidades.

Si Vissani entiende que determinados números están inflados porque incorporan servicios, alojamientos, trabajos u otras prestaciones además de transferencias directas, corresponde debatir técnicamente ese criterio. Lo que no corresponde es transformar automáticamente una diferencia contable en prueba de una estructura de presiones políticas.

La intervención de Sergio Horacio Albornoz, concejal de La Libertad Avanza y presidente del Honorable Concejo Deliberante, terminó de revelar además hasta qué punto el debate estaba atravesado por intereses políticos. Albornoz no solo acompañó las críticas al Ejecutivo, sino que introdujo en su exposición qué haría con determinados bienes municipales si los vecinos le daban la oportunidad de convertirse en intendente en 2027. Aspirar al cargo es legítimo, pero utilizar una discusión nacida de un audio privado para proyectarse electoralmente vuelve difícil sostener que toda la sesión estuvo guiada exclusivamente por una preocupación institucional.

Algo similar ocurre con la trayectoria de Franco Mombelli. Fue funcionario durante la administración de Facundo Castelli, posteriormente se distanció de esa gestión, integró después el esquema político que acompañó a Diego Reyes y llegó incluso a ocupar interinamente la Intendencia durante licencias del actual jefe comunal. Esa trayectoria demuestra que las tensiones actuales tienen una historia política propia y que no todo puede explicarse como una reacción espontánea frente a un audio aparecido hace algunos días.

La utilización del concepto de “libertad de expresión” también merece ser revisada. Si Mario Goy continúa teniendo espacios desde los cuales cuestionar al Gobierno y, además, existen contrataciones o pauta municipal vinculada a medios relacionados con él, resulta difícil sostener seriamente que se encuentre silenciado. Puede no ser convocado como antes para determinados actos. Puede existir una mala relación con el intendente. Puede haber perdido una centralidad que tuvo durante muchos años. Nada de eso equivale automáticamente a censura.

En realidad, una distribución más amplia de oportunidades puede ser exactamente lo contrario. Si durante años determinados trabajos y espacios estuvieron concentrados alrededor de los mismos nombres, una administración tiene derecho a modificar esa lógica y convocar a otras personas. La pluralidad no puede reclamarse solamente cuando beneficia a quien ya ocupaba el lugar.

Por eso resulta injusto colocar a Diego Alejandro Reyes como responsable de una irregularidad simplemente por decidir con quién trabaja su administración. Hasta el momento, el audio completo no demuestra una amenaza del intendente. Tampoco demuestra que haya impartido una orden concreta a Puan Foot-Ball Club para prohibir la participación de Goy. Presentarlo como si debiera justificar por qué prefiere trabajar con otras personas sería aceptar, de hecho, que un locutor tiene un privilegio adquirido frente al Estado. No lo tiene.

También resulta injusto convertir a Camila Ibarra Martínez en protagonista negativa de una historia en la que sus palabras completas muestran, fundamentalmente, la preocupación de una dirigente por sostener económicamente a una institución. Podrá gustar más o menos su razonamiento, pero no aparece actuando como ejecutora de una amenaza municipal. Aparece intentando preservar los intereses de Puan Foot-Ball Club frente a una pelea política que no creó ella.

Mucho menos corresponde cargar esta controversia sobre las instituciones. Puan Foot-Ball Club, Tiro Federal y las restantes entidades mencionadas realizan una función social que trasciende ampliamente las disputas partidarias. Sus dirigentes trabajan, en muchos casos, de manera ad honorem y necesitan relacionarse con el Estado para sostener actividades, infraestructura y proyectos comunitarios. Exponerlos desde el Concejo como piezas de una batalla política puede terminar causando exactamente el daño que supuestamente se pretende evitar.

La cuestión de fondo ya no es si Mario Goy es un buen o mal locutor. Tampoco si Diego Reyes simpatiza o no con él. Lo que debería preocupar es cómo un conflicto por una contratación terminó transformado en una acusación de censura y extorsión mediante la circulación de un audio recortado, mientras buena parte de la política local decidió amplificar el contenido más perjudicial sin detenerse con el mismo rigor en la manipulación previa del mensaje.

El recorte no fue inocuo. Produjo un efecto político concreto: eliminó parte del contexto, maximizó las frases más sensibles y permitió instalar una interpretación mucho más grave que la que surge naturalmente al escuchar el mensaje completo. Cuando ese material después es utilizado por sectores opositores para elevar el conflicto hasta el terreno penal, la hipótesis de una operación política deja de ser una exageración retórica y pasa a ser una lectura razonable de la secuencia de hechos.

Eso no significa atribuir sin prueba la ejecución técnica del corte a una persona determinada. Significa algo distinto y mucho más importante: hubo una selección deliberada de contenido y esa selección benefició claramente un determinado relato político. Quienes tuvieron acceso al archivo completo, quienes participaron de su circulación y quienes luego utilizaron públicamente la versión reducida tienen una responsabilidad que no puede desaparecer detrás de discursos sobre libertad de expresión.

Mientras tanto, los vecinos de Puan tienen problemas bastante más serios. Muchas familias llegan con dificultad a fin de mes, administran salarios que rinden cada vez menos y esperan políticas concretas sobre salud, servicios, caminos, empleo, actividad económica y desarrollo del distrito. Frente a esa realidad, una política atrapada durante días en disputas por un locutor, viejas rivalidades personales y posicionamientos electorales corre el riesgo de hablar únicamente para sí misma.

La gente ya conoce estas dinámicas. Sabe cuándo una pelea política intenta presentarse como una cruzada institucional. Sabe también que ningún periodista, dirigente o concejal es dueño permanente de una posición dentro de la comunidad. Y entiende que después de décadas con los mismos protagonistas también es legítimo renovar nombres, voces y oportunidades.

El Ejecutivo mostró públicamente información sobre sus aportes a los clubes. Camila Ibarra Martínez explicó en el audio completo que su prioridad era Puan Foot-Ball Club. Las instituciones tienen derecho a elegir libremente a quién contratar. El intendente Diego Reyes tiene derecho a renovar las personas con las que trabaja. Nada de eso constituye, por sí mismo, un atropello a la libertad de expresión.

En cambio, recortar una conversación privada, sacar de ella las expresiones con mayor capacidad de impacto, hacerlas circular sin todo su contexto y convertir posteriormente ese fragmento en herramienta de una ofensiva política sí merece un cuestionamiento mucho más profundo del que recibió hasta ahora.

Y allí quedan expuestos principalmente quienes decidieron construir acusaciones extremas sobre una historia incompleta: Mario René Goy, por su lugar dentro de la cadena conocida del audio y por la explicación todavía pendiente sobre cómo terminó circulando el material recortado; Franco Mombelli, por haber llevado la acusación hasta hablar de extorsión sin que esa amenaza aparezca en el audio completo; Lucas Delgado, por involucrar públicamente a una extensa lista de instituciones; Franco Rodrigo Vissani, por convertir diferencias sobre los números exhibidos por el Ejecutivo en parte de una acusación política mayor; y Sergio Horacio Albornoz, por introducir incluso su eventual aspiración a la Intendencia de 2027 en medio de una discusión que supuestamente pretendía preservar a las instituciones de la política.

Puan merece algo bastante más serio que una batalla por quién conserva el micrófono. Después de tantos años con determinadas figuras ocupando los mismos espacios, abrir oportunidades a otros no es persecución. Es una decisión legítima. Lo verdaderamente preocupante es que un audio privado haya sido utilizado de manera fragmentaria para transformar una elección institucional perfectamente discutible en una acusación de enorme gravedad.

Cuando el audio se escucha completo, la historia cambia. No aparece la amenaza que algunos discursos dieron prácticamente por probada. Aparece una presidenta preocupada por su club, un periodista enfrentado políticamente con el gobierno, un Ejecutivo dispuesto a trabajar con otras personas y una oposición que encontró en el episodio una oportunidad para escalar la confrontación.

La sociedad tiene derecho a conocer esa diferencia. Porque controlar al poder es indispensable, pero deformar el contexto para construir una acusación no es control. Es política. Y cuando la política se apoya en un audio recortado para hacer decir a una conversación más de lo que realmente dice, el problema deja de estar en quienes fueron grabados y pasa a estar en quienes decidieron qué parte de la verdad iba a escuchar Puan.