Operativo de secuestro de motos en Saavedra: el procedimiento suma interrogantes y genera polémica

El despliegue policial y algunas situaciones ocurridas durante el operativo quedaron en el centro del debate.

El operativo de secuestro de motocicletas realizado en la localidad de Saavedra continúa generando repercusiones debido a las circunstancias en las que se desarrollaron algunos de los procedimientos y a distintas situaciones que, según los testimonios recogidos por este medio, ocurrieron durante el operativo.

La Ordenanza Municipal 7444/2024 habilita el secuestro preventivo de motocicletas en determinados supuestos, como la falta de chapa patente o la presencia de escapes libres o silenciadores modificados. No obstante, la normativa también establece que las actuaciones deben quedar debidamente documentadas mediante actas, pruebas y la correspondiente notificación.

Entre los episodios que trascendieron figura el secuestro de una motocicleta que, según la versión aportada por sus propietarios, se encontraba estacionada cuando fue retenida y cuya causal habría sido la falta de una pieza plástica. También se conoció el caso de un joven al que le solicitaron la documentación al salir de una vivienda, sin encontrarse circulando con el rodado.

Otro de los hechos que generó repercusión involucra a un efectivo policial. Según pudo saber este medio, durante el procedimiento el uniformado Quinteros se dirigió a una integrante de la comisión del Taller Protegido Un Nuevo Sol y le habría manifestado: «Van a tener que ir frente a la comisaría a pedir perdón por acusar a la Policía», en alusión al caso de Antonio, trabajador de esa institución, cuya denuncia tomó estado público días atrás.

Esa expresión, siempre de acuerdo con los testimonios obtenidos por este medio, se habría producido en el marco de un operativo de tránsito, circunstancia que sumó nuevos interrogantes sobre el contexto en el que se desarrolló el procedimiento.

A partir de estos hechos, el operativo abrió un debate sobre la forma en que fueron aplicadas las facultades previstas en la ordenanza municipal y sobre si cada secuestro se ajustó a los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Las actuaciones quedaron ahora sujetas a la intervención de las autoridades competentes, que deberán determinar si los procedimientos se realizaron conforme a las disposiciones legales correspondientes.