El Concejo apunta contra Nebot, pero también debe explicar su propio manejo del caso González

(Por Ciudad Noticias): El comunicado firmado por bloques opositores contra el intendente Matías Nebot busca instalar una idea contundente: que el caso Sergio González fue manejado con improvisación, desprolijidad y falta de rigor institucional. El planteo tiene peso, porque una banca legislativa no puede ser tratada como una pieza más del armado político del Ejecutivo. Pero también deja una pregunta inevitable: ¿el desorden fue solamente de Nebot y González, o el propio Concejo también tuvo responsabilidad en cómo se manejó esta situación?

La documentación es clara. El 18 de junio, Sergio González presentó ante el presidente del Honorable Concejo Deliberante una nota de renuncia “indeclinable” a su cargo de concejal por el espacio Todos por Saavedra. En ese escrito habló de motivos personales, agradeció al intendente Matías Nebot y manifestó su decisión de no ejercer cargos públicos por el momento.

Sin embargo, apenas un día después, el 19 de junio, González ingresó una nueva nota. Allí solicitó desistir “en forma expresa, total y definitiva” del pedido de renuncia presentado el día anterior. También ratificó su voluntad de reincorporarse al ejercicio de su mandato popular como concejal electo. El dato central es que en esa misma presentación sostuvo que la renuncia se encontraba pendiente de consideración y aceptación por parte del Cuerpo.

Ese punto cambia toda la discusión. Porque si la renuncia estaba pendiente de tratamiento, entonces el Concejo no era un actor secundario. Era el ámbito institucional que debía ordenar el procedimiento, resolver el expediente y explicar públicamente qué correspondía hacer. Por eso, cuando ahora los bloques opositores hablan de desprolijidad, la pregunta también vuelve hacia adentro: ¿qué hizo el Concejo con la renuncia y con la retractación?

El comunicado cuestiona al intendente y a González por haber expuesto públicamente una situación confusa, especialmente luego de la nota conjunta donde se intentó explicar que González finalizaría su tarea como delegado el 30 y asumiría su banca el 4. Pero el problema no termina ahí. Si el trámite estaba en manos del Legislativo, entonces el Concejo también debe explicar por qué una cuestión que debía resolverse con claridad institucional terminó convertida en una novela de idas, vueltas, reuniones, versiones y comunicados.

Los concejales firmantes sostienen que se pretendió trasladar la decisión a la “voluntad” de los ediles, cuando los mecanismos están regulados por la normativa vigente. El argumento es válido. Una banca no pertenece al intendente, ni a un bloque, ni a una negociación circunstancial. Una banca surge del voto popular. Pero justamente por eso el Concejo no puede limitarse a señalar la desprolijidad ajena: también debe demostrar que actuó con prolijidad propia.

Porque si la ley era tan clara, ¿por qué hubo tantas vueltas?
Si la renuncia no estaba aceptada, ¿por qué no se informó inmediatamente cuál era el camino institucional?
Si González tenía derecho a retirar su renuncia antes de que fuera tratada, ¿por qué el tema quedó flotando durante días?
Y si no lo tenía, ¿por qué no se explicó con fundamentos?

Hay otra pregunta incómoda que tampoco puede quedar afuera. En medio de este episodio circularon versiones sobre conversaciones políticas con González y eventuales acercamientos de distintos sectores para intentar sumarlo a otros armados. Si eso ocurrió, entonces la discusión ya no fue solamente jurídica ni institucional: también fue política. Y en ese caso, quienes hoy denuncian el “circo” deberían aclarar si fueron simples observadores del desorden o si también participaron de la rosca alrededor de una banca.

El comunicado opositor acierta cuando advierte que el Ejecutivo no debe avanzar sobre el funcionamiento del Legislativo. Ese límite debe ser claro. Pero el mismo principio obliga al Concejo a cuidar su propio funcionamiento. La división de poderes no se defiende solo con comunicados duros contra el intendente; se defiende con expedientes claros, decisiones fundadas, actas públicas y explicaciones concretas a la comunidad.

El caso González dejó expuesto al Ejecutivo, sin dudas. Nebot deberá explicar por qué la salida de un delegado terminó mezclada con una banca legislativa. González deberá explicar por qué renunció un día y al día siguiente pidió volver. Pero el Concejo también deberá explicar cómo manejó el trámite, por qué permitió que el tema escalara políticamente y qué hizo para evitar que una cuestión institucional terminara convertida en espectáculo.

Porque si todos coinciden en que fue un desastre, la pregunta es inevitable:

¿Quién ordenó el desastre y quiénes lo dejaron crecer?