(Por Ciudad Noticias): La concejala Clarisa Rivas sostuvo que el cierre del ejercicio 2025 no podía aprobarse por las consecuencias financieras sobre los trabajadores municipales, el uso de herramientas de endeudamiento y el crecimiento de la demanda social en el distrito.
Durante la sesión de esta mañana, la concejala del PJ Clarisa Rivas fundamentó el rechazo de su bloque al cierre del ejercicio 2025 y planteó una posición crítica tanto sobre la administración actual como sobre situaciones que, según señaló, también se repitieron en gestiones anteriores.
Rivas comenzó su intervención marcando que el debate presentaba “dos campanas”: por un lado, los cuestionamientos formulados por la UCR, varios de ellos con sustento técnico; y, por otro, las respuestas del oficialismo, representado por Todos por Saavedra. En ese marco, pidió honestidad política para reconocer que algunos de los problemas señalados —como basurales, análisis de agua y otras falencias de gestión— no son exclusivos de la actual administración.
Sin embargo, la concejala sostuvo que esa continuidad de errores no exime al Ejecutivo municipal de responsabilidad. En particular, cuestionó la decisión tomada en 2025 de recortar horas a los trabajadores municipales como mecanismo para reducir el gasto salarial y equilibrar las cuentas.
Según Rivas, el resultado financiero del ejercicio no puede analizarse sin tener en cuenta que una parte del ajuste recayó sobre los empleados municipales. Señaló que muchos trabajadores percibían un determinado ingreso y, tras el recorte, debieron afrontar deudas que aún continúan pagando.
La edil también calificó como una “desprolijidad” tanto el aumento salarial previo como el posterior proceso de reducción de horas. A su entender, ambas decisiones generaron consecuencias económicas y laborales que deben ser consideradas al momento de evaluar la rendición.
Otro de los puntos centrales de su exposición fue el uso de distintas herramientas de financiamiento por parte del municipio. Rivas mencionó ahorros de caja, anticipos de coparticipación, anticipos del Tesoro, fondos afectados y giros en descubierto. Si bien aclaró que se trata de mecanismos legales, advirtió que tienen consecuencias financieras, especialmente en el incremento de los servicios de deuda.
También señaló que existen juicios iniciados contra la Municipalidad vinculados con reclamos económicos de empleados municipales, situación que, según expresó, vuelve más complejo aprobar una rendición de cuentas sin considerar esos conflictos pendientes.
Rivas hizo referencia además a desprolijidades administrativas relacionadas con nombramientos de personal, funcionarios y decisiones heredadas de gestiones anteriores. En ese sentido, insistió en que la discusión debe evitar la doble vara y asumir que algunos errores exceden a una sola fuerza política.
Sobre el contexto nacional, la concejala consideró que, aunque los aportes nacionales históricamente tuvieron un peso bajo dentro de los presupuestos municipales, las políticas económicas del Gobierno nacional sí inciden de manera directa sobre la realidad local. Según planteó, el empobrecimiento de sectores medios y bajos aumenta la demanda de asistencia sobre los municipios.
En esa línea, Rivas advirtió que en Pigüé ya se observan situaciones sociales graves, como personas en situación de calle y familias con niños sin un lugar donde vivir. Para la concejala, esos casos muestran que la crisis económica no solo impacta en los números del presupuesto, sino también en la vida cotidiana de los vecinos.
Hacia el cierre, la representante del PJ sostuvo que el rechazo a la rendición se explica por un conjunto de factores: el ajuste sobre los trabajadores municipales, el endeudamiento, las desprolijidades administrativas, los conflictos judiciales pendientes y el deterioro social que atraviesa el distrito.
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